El Concejo Municipal de La Paz aprobó ayer una resolución en la que pide a la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz auditar el caso Juan Brun Guzmán. Brun, quien le ganó un juicio a la Alcaldía por la demolición de su vivienda hace 15 años, que ahora debe pagarle una millonaria indemnización por la demolición de su vivienda, ofreció por la mañana una conferencia de prensa en la que solicitó una audiencia al Legislativo edil para viabilizar el pago de la reparación.
El artículo único de la resolución dispone: “Procédase a través de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a realizar auditoría al caso del ciudadano Juan Brun Guzmán relativo al predio ubicado en la zona de Següencoma Bajo entre las calles 9 y 10 sobre la avenida Costanera, y las incidencias emergentes —el pago de una reparación de Bs 19,9 millones— a fin de determinar responsabilidades de acuerdo a la Ley Nº 1178” o Ley Safco.
El 1 de abril, la jueza 3° de Partido en lo Civil Comercial, Consuelo Chacón, emitió un fallo que da tres días al Gobierno local a partir de su notificación para pagar esa suma.
El proceso por el caso de derecho propietario comenzó en 2000, luego de que en la gestión de Juan del Granado se demoliera el inmueble en cumplimiento de la Ordenanza 139. Esa norma fue aprobada el 17 de diciembre de 1999, cuando era alcaldesa Lupe Andrade, y determina el inicio de un juicio en contra de Brun y que se recuperen los predios que se encuentran en aire de ríos, que son propiedad edil.
El proyecto de resolución que pide la auditoría fue presentado por los concejales Esteban Yana, Silvia Tamayo, Pánfilo Anavi y Denise Ostermann, miembros del desaparecido Movimiento Sin Miedo (MSM), partido que fue liderado por Del Granado.
Los ediles argumentaron que en mayo de 1999 la defensora del Pueblo Ana María Romero de Campero (+) emitió la Resolución Defensorial 019/1999 a través de la cual se recomienda al Alcalde la demolición de la construcción de Brun Guzmán. El particular, por su parte, con el propósito de hacer cumplir la decisión que le favorece, solicitó una audiencia al Legislativo
“He pedido que me reciba el Concejo a fin de que por su carácter de fiscalizador del Ejecutivo municipal pueda lograr el cumplimiento de la ley, independientemente de quién esté a la cabeza de la municipalidad”, añadió. Recordó que adquirió el terreno en 1997 y aseguró que no existió ningún tipo de beneficios ni hubo “tráfico de influencias” para obtener la propiedad cuando fue oficial mayor de Hacienda.
