El Concejo Municipal de La Paz dejó ayer en manos de la Contraloría General del Estado y del Ministerio de Economía la legalidad y validez de la resolución ejecutiva del alcalde transitorio Omar Rocha, que aprueba la reformulación del Plan Operativo Anual (POA) 2015.
“Vamos a enviar (la resolución) a la Contraloría, corresponde que tenga conocimiento de estos hechos, y al Ministerio de Economía porque es esa instancia la que debe aprobar cualquier reformulación”, señaló el presidente del Legislativo edil, Jaime Bravo, suplente de la autoridad cuestionada.
Los concejales del Movimiento Sin Miedo, del Movimiento Al Socialismo y Unidad Nacional cerraron filas para evitar que esa modificación —rechazada por unanimidad por segunda vez ayer— sea efectivizada. A 19 días de dejar la administración a Luis Revilla, reelecto en los comicios de marzo de este año, Rocha emitió la resolución que aprueba las modificaciones que había solicitado, como la creación de ítems, traspasos presupuestarios y otros.
“De acuerdo con el artículo 13 de la Ley nacional 169 y toda vez que el Concejo no rechazó de forma expresa las modificaciones al POA 2015 dentro de 15 días calendario, hemos dispuesto emitir la resolución que aprueba las modificaciones y otorga ítems a los guardias municipales y a los músicos de la banda Eduardo Caba”, dijo esa autoridad, según un boletín de prensa fechado el 13.
Alegatos. Sin embargo, el 5 de mayo, el Legislativo edil aprobó la Ley 129 que rechaza la reformulación solicitada el 20 de abril “por carecer de sustento técnico y financiero”. Ayer, tras una sesión en la que se analizaron las responsabilidades y consecuencias de lo dispuesto por la autoridad transitoria, diez legisladores suscribieron una nota en la que le hacen conocer que el argumento del silencio administrativo al que apela no se aplica en este caso.
No solo, dicen, el Concejo rechazó de forma expresa el proyecto, sino que “en fecha 13 de mayo ya fue remitida a su despacho la Ley 129”, sostienen en la misiva.
El artículo 13 de la Ley 169, aprobada en 2011, dispone que: “los requerimientos de aprobación de modificaciones presupuestarias en entidades territoriales autónomas presentadas por la Máxima instancia Ejecutiva a la Máxima instancia Deliberativa, que no sean expresamente rechazados por esta última en el plazo de 15 días calendario podrán ser aprobados mediante resolución por la Máxima instancia Ejecutiva bajo su responsabilidad (…)”.
Rocha justificó ayer la legalidad de su determinación. “El reformulado ha sido aprobado por silencio administrativo”, aseguró. Por su parte, el concejal electo de Soberanía y Libertad (Sol.bol) Pedro Susz —partido de Revilla— aseguró que esa resolución ejecutiva carece de respaldo legal y financiero, y lamentó que el alcalde saliente esté pretendiendo engañar a los guardias municipales con falsas promesas de creación de ítems.
Opina el suplente del alcalde
Debate
“Estamos bastante preocupados por muchas acciones que se estarían dando dentro del Gobierno Municipal”, dijo ayer el presidente del Concejo Jaime Bravo, suplente de Omar Rocha. La Ley 169 dice que el órgano deliberante debe pronunciarse en 15 días y así se hizo con la aprobación de la Ley edil 129. “La norma nacional no habla de trámites o papeleos, las sesiones son públicas y todos están en la obligación de conocer la ley”.
