La resolución de sobreseimiento a favor de seis imputados por la muerte del bebé Alexander, suscrita por el fiscal Leopoldo Ramos, era un proyecto que no fue consensuado con sus colegas de la comisión investigadora y no tiene valor legal, porque no fue presentada al juzgado ni a las partes, aseguró ayer el fiscal departamental de La Paz, Paul Franco.
La existencia de ese documento, fechado el 29 de enero de 2015, fue develada por la senadora opositora Carmen Eva Gonzales a seis meses de la muerte del infante, el 13 de noviembre de 2014. “Hacen referencia a un proyecto de solución que hubiese sido presentado por Ramos, pero no deja de ser un proyecto, en tanto no esté suscrito por la comisión y sea presentado ante el órgano que ejerce el control jurisdiccional”, argumentó la autoridad.
Sin embargo, el expresidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca Arturo Yáñez, reconocido abogado penalista, explicó que “si el documento lleva la fecha y el formato de una resolución, no puede ser un proyecto. No encuentro alguna norma que diga que no tiene valor legal, porque no lleve una firma más de los miembros de la comisión”.
Yáñez aseguró que ésta es una falta muy grave que genera un “terrible perjuicio” para las partes, si es verdad que imputados que fueron sobreseídos se declararon culpables y se sometieron a un juicio abreviado.
Ramos suscribe la Resolución de Sobreseimiento 001/2015 a favor de Naty Choquetarqui y Martha T. A., imputadas formalmente por el delito de encubrimiento; e Isabel Coro Colque, Darío R.T., Lola R.O. y Avelaida R.H., imputados por infanticidio.
Además de Ramos, la primera comisión de fiscales estaba conformada por Edna Montoya, Rosby Zapata y Lizzet Zarco. Sin embargo, el 30 de abril Choquetarqui se sometió a un juicio abreviado tras admitir el delito de complicidad y fue sentenciada a tres años de prisión.
Por otra parte, la tarde de ayer se suspendió por segunda vez la audiencia en la que debía hacerse la apertura de pruebas en el Juzgado 3º de Instrucción en lo Penal debido a que el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), del que depende el hogar donde el infante estaba internado y que es uno de los querellantes, no se hizo presente.
En dicha audiencia se tenía prevista la apertura del historial que tenía el bebé Alexander en el Hogar Virgen de Fátima, cuya razón social tras el escándalo fue cambiada a Niño Jesús. El juez Rolando Chaca informó que la audiencia fue reprogramada para el próximo 9 de junio y determinó que en dicha fecha se abrirán las pruebas, asistan o no los querellantes.
