El Concejo Municipal abrogó ayer una ordenanza que instruía una auditoría interna al caso Brun para que sea la Contraloría General del Estado (CGE) la que establezca si hay responsabilidades sobre ex y actuales autoridades.
El Gobierno Municipal de La Paz debe pagar una indemnización de Bs 19,9 millones a Juan Brun por la demolición de su casa efectuada en 2000. En ente fiscalizador envió el 12 de mayo una nota al Legislativo edil en la que requería que se abrogue la ordenanza que instruía una auditoría interna a ese caso.
“Ellos (la CGE) han ratificado de que nos pueden hacer procesos a los concejales si no se abroga esa resolución, por eso decimos abrogarla, porque la Contraloría es una instancia mayor”, explicó ayer el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Freddy Miranda.
La mayoría masista votó a favor de la abrogación y los representantes del Movimiento Sin Miedo (MSM), en contra. Denisse Ostermann, concejala emesemista, recordó que pese a que la CGE es una entidad mayor, los gobiernos municipales son autónomos.
