El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción acusó a Édgar Patana, exalcalde de El Alto, de intentar dilatar un proceso en su contra, luego que la exautoridad se presentara ayer a una audiencia sin su abogada defensora.
Esta cartera ministerial informó, a través de un comunicado de prensa, que la audiencia de declaración informativa de Patana debió llevarse a cabo ayer a las 10.00, dentro de un proceso instaurado por los supuestos delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.
El caso se remite a la difusión de un video por un medio de comunicación en el que se observa al exalcalde de esta ciudad Fanor Nava entregando un pequeño paquete a Patana. Transparencia solicitó el inicio de indagaciones al Ministerio Público con el objetivo de que investigue a las exautoridades involucradas en el presunto hecho irregular.
Por su parte, Patana dijo ayer que la notificación no le llegó de manera personal, sino poco antes del acto, por lo que no quiso faltar a la audiencia y lo hizo sin su abogada, quien no tenía conocimiento de la citación.
Luego de que el Ministerio de Transparencia solicitara una investigación, el fiscal adscrito a la División Corrupción Pública, Dorian Jiménez, citó a las 10.00 al exalcalde para que presente su declaración informativa y al acudir sin su abogada se determinó suspender el acto procesal para el 27 de mayo a las 16.00.
La abogada de Patana, Valkiria Lira, indicó que el video que se mostró de forma pública en la que se observa a Nava entregar un paquete a Patana, no es una prueba y además es ilegal. “Para hacer ese tipo de filmaciones, para difundirlo entre otros aspectos, se debió recurrir a una autoridad jurídica, el video es ilegal y además tendencioso”.
Lira aseguró que sobre este tema no se debe dar más explicaciones porque el paquete pudo haber contenido esquelas, tarjetas de invitación para la Central Obrera Regional (COR), que era dirigida por Patana.
El exalcalde tiene otros dos procesos en su contra. El segundo está referido a que prescindió de los servicios de la empresa Terra Forte, sin rescindir contrato, y un tercero relacionado con la adjudicación de microscopios, pero la empresa ganadora, dijo, quiso entregar otros de una calidad diferente a la que se especificó. Respecto a la desaparición de 33 vehículos ediles, sostuvo que no se puede controlar a más de 3.000 funcionarios y que los responsables deberán responder.
