Los procesos penales por hechos de racismo y discriminación son “muy largos”, por lo que se plantea modificar la Ley 045 y entregar al Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, como a sus instancias departamentales, la atribución “de sanción inmediata” a quienes contravengan la norma, informó el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas.
“El proceso del Ministerio Público es muy larga, seis meses de investigación, además tiene que llevar testigo. En este proceso es que nos damos cuenta que hay vacíos en la ley, que no permiten una sanción inmediata que debería estar dentro de la ley; un mecanismo de sanción”, explicó en una entrevista con la estatal emisora Patria Nueva.
El Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, como las instancias creadas en el ámbito regional, tendrían, una vez modificada la norma, la potestad de sancionar a quienes sean denunciados por hechos de discriminación y racismo. El ámbito nacional se encargaría de procesar casos ‘graves’ y los departamentales aquellos de su jurisdicción.
El Comité, de acuerdo a lo establecido en la ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación, solo tiene como responsabilidad el promover, diseñar e implementar políticas y normativa integrales contra el racismo y toda forma de discriminación. Está constituido por las comisiones de Lucha contra el Racismo y de Lucha contra toda forma de Discriminación.
Está integrada por representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, además de los entidades autonómicas departamentales, municipales y de pueblos indígena originario y campesinos. También son parte las representaciones de organizaciones sociales y otras como el Defensor del Pueblo y de la Oficial del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para Bolivia.
Cárdenas ahora pretende asignarle un rol sancionador. “Estamos proponiendo incorporar a la ley 045 la potestad sancionatoria del Comité Nacional de lucha contra el Racismo, de tal manera que una persona que ha sido agredida hoy, sepa mañana que el agresor fue sancionado y que no hagamos todo un calvario del proceso que se hace en el Ministerio Público”, señaló.
La norma fija en el artículo 12 que “las personas que hubiesen sufrido actos de racismo o discriminación podrán optar por la vía constitucional, administrativa o disciplinaria y/o penal”.
