El Gobierno chino quiere poner en vigencia la llamada “Ley de Seguridad”, que plantea evitar todo tipo de disensos y grupos religiosos cuyas prácticas no sean mayoritarias, sin embargo, activistas lograron frenar el tratamiento de ese proyecto.
Información del Financial Times señala que la respuesta al proyecto de ley no tardó en llegar. Las críticas se centran en que criminalizar el libre discurso y las prácticas religiosas, a la vez que permite que el Partido Comunista —la fuerza dominante— persiga sin restricciones a los críticos pacíficos del régimen y a quienes disienten con el Gobierno.
Según la organización Defensores de los Derechos Humanos en China (CHRD), con base en Hong Kong, “la ley define con limitaciones lo que considera seguridad nacional y permite perseguir a quienes disienten, además de castigar las creencias religiosas”.
El proyecto fue sometido a la opinión pública y el peso de los activistas lo frenó. El 5 de junio será analizado en la Asamblea Nacional y se sabrá su futuro.
