El Hospital de la Mujer, de la ciudad de La Paz, está implicado en una denuncia presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyo principal acusado es el Estado boliviano. La demanda está relacionada con una “esterilización forzada”.
El 1 de julio de 2000, I. V. fue sometida a una cesárea en dicho nosocomio público, donde se le practicó una esterilización “permanente y forzada” sin el consentimiento informado, según la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que derivó el martes el caso a la Corte IDH.
“Ella fue sometida a una operación de ligadura de trompas cuando estaba dando a luz a su segunda hija y no se le pidió la autorización, como correspondía, y esta versión ha sido demostrada ante la Comisión”, informó ayer a La Razón Rielma Mencias, directora de Derechos en Acción, asociación que patrocina a la demandante.
Bolivia aún no ha sido notificada oficialmente por la Corte IDH. Sin embargo, la Procuraduría General del Estado convocó hace dos semanas a un grupo del Hospital de la Mujer para tratar el tema. “Hemos hecho algunos aportes y dado argumentaciones técnicas sobre cómo se puede ver esto”, expuso el director del nosocomio, Gustavo Marconi.
El galeno sostuvo que se trataba de una cesárea “muy delicada” que ponía en riesgo la vida de la madre. “Fue una intervención de difícil ingreso, se podía lesionar cualquier órgano: la vejiga, el intestino. Habían cicatrices de intervenciones anteriores. Entonces, el cirujano que operó le preguntó a ella si quería que se le ligue las trompas, detallándole que la próxima operación sería muy difícil y riesgosa para su vida, y ella, según la explicación, dijo que sí”.
Marconi aseguró que en ese entonces “la normativa no decía que era con consentimiento informado”, que es una autorización firmada por el paciente. “En ese tiempo podía ser solo verbal”, agregó. No obstante, Mencias señaló que la figura de la demanda ante el organismo internacional tiene que ver con la vulneración de derechos humanos de diferente naturaleza y vinculados a salud.
“No puedo entrar en detalles porque el Estado todavía no ha sido notificado, pero de manera general hay seis puntos por los que la Comisión se ha pronunciado: tres están vinculados a un resarcimiento directo a la persona afectada; y los otros tres son de naturaleza general, que tienen que ver con políticas de salud, y en particular, para las mujeres”, resaltó.
La CIDH concluyó que la intervención quirúrgica constituyó una violación a la integridad física y psicológica de I. V., así como a su derecho a acceder a la información y a la vida privada y familiar, entendiendo la autonomía reproductiva como parte de tales derechos, señala un comunicado de prensa del organismo. Añade que el país “no proveyó a la víctima una respuesta judicial efectiva frente a esas vulneraciones”.
Informe de fondo de la Comisión
CIDH
Entre las recomendaciones de la Comisión a Bolivia están la compensación de daños materiales y morales a favor de la demandante, investigar hechos relativos a la esterilización y establecer responsabilidad y sanción, adoptar medidas para evitar casos similares, y otros.
