La Marcha por la Dignidad de Potosí convocó a miles de manifestantes —200.000 de acuerdo con Comcipo y 180.000 según la carrera de Estadística de la Universidad Autónoma Tomás Frías— que exigieron al gobierno del presidente Evo Morales justicia y desarrollo. “Queremos hospitales y nada de canchitas”, “queremos desarrollo y no falsas promesas”, coreaban pobladores urbanos y rurales de ese municipio, que ayer cumplió 23 días de un paro indefinido.
La región exige atención estatal a 26 demandas, que son negociadas por los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en La Paz. Hasta el lunes se calcula que la medida de presión ocasionó perdidas por unos $us 13 millones solo en dos actividades económicas: minería y turismo.
En este departamento —que en 2012 tenía 828.093 habitantes, de acuerdo con el censo de ese año— 479.451 vivían en condición de pobreza, informó ayer la Fundación Jubileo. “Esa cifra equivale al 59,7% de la población, que carecía de servicios básicos, residía en viviendas que no reunían condiciones apropiadas, con bajos niveles de educación y/o presentaban inadecuada atención de salud”. La población no pobre era de 322.991 personas (40,25%), de las cuales cerca de la mitad, 139.379, residía en su ciudad capital.
El Censo 2012 mostró datos sobre pobreza por municipios según el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), precisa la entidad. Además destaca que entre 1992, 2001 y 2012, la población pobre por necesidades insatisfechas ha ido en descenso: 80,5%, 79,7% y 59,7%, respectivamente. Desde que estalló el conflicto, el 26 de junio, el Ejecutivo insistió en que desde que Morales llegó al poder la inversión pública en este departamento se multiplicó por diez y que para este año se han previsto Bs 3.933 MM.
Los marchistas recorrieron las calles cantando estribillos en contra de ministros que suscribieron compromisos con la región, pero que hasta la fecha incumplieron. Este es el caso del exministro de Salud Juan Carlos Calvimontes, cuya firma en un acta fue desconocida por el mismo Gobierno.
La protesta en la que participaron mujeres, hombres, ancianos, jóvenes y niños comenzó a las 14.00 y culminó a las 18.00. Divididos en cinco columnas, los manifestantes ingresaron a cercanías de la avenida Tinkuy. Aproximadamente a las 16.00, el Comité de Movilizaciones dio inicio al mitin.
El secretario general del ente cívico, Emilio Elías, dijo que Potosí no renunciará a la construcción de un aeropuerto internacional ni a la fábrica de cemento. “Al Gobierno poco a poco se le cae la máscara de la mentira. Potosí solo quiere progreso”, añadió en alusión a acusaciones de ministros y de los mandatarios.
Denuncian agresiones
Periferia
Vecinos de Barrio Lindo denunciaron agresiones de —dijeron— personas afines al Movimiento Al Socialismo. “A las 13.00, más de 500 aparecieron de los cerros y nos comenzaron a agredir con piedras, varias mujeres de nuestro vecindario fueron golpeadas por estos grupos. La señora Virgilia Pita fue la que sufrió más agresiones”, sostuvo el dirigente barrial Emiliano Quispe. La Policía tuvo que intervenir.
Cuatro detenidos consiguen garantes
Jorge Quispe
Los mineros detenidos en San Pedro Jorge Copaico, Fabián Choque Uño, Agustín Mendoza Mamani y el radialista Juan Carlos Paco Veramendi consiguieron ayer cuatro garantes en La Paz, por lo que se espera que las autoridades judiciales emitan los mandamientos de libertad para cada uno, informó ayer el abogado Rafael Montoya. “Cada uno tiene ahora su garante, por lo que toca que se verifiquen los domicilios y la jueza Lía Cardozo emita los mandamientos de libertad”, añadió.
Ayer se lanzó una campaña para buscar garantes en la cuenta de Facebook del Comité Cívico Potosinista (Comcipo). Se presentaron voluntarios, pero o carecían de vivienda propia o no tenían sus papeles a la mano, condición exigida por las autoridades judiciales para aceptarlos.
Los mineros y el periodista fueron detenidos el miércoles 22 durante los disturbios que siguieron al ataque con piedras y cachorros de dinamita al Viceministerio de Régimen Interior y Policía. El 27, la jueza determinó darles medidas sustitutivas para que puedan defenderse en libertad.
