Este mes, dos mujeres fueron condenadas a ocho y dos años de cárcel, por los delitos de trata y tráfico de recién nacidos en el municipio fronterizo de Villa Montes, departamento de Tarija. Sus víctimas eran dadas en adopción por papeles falsos.
Iván Barca, juez del Tribunal de Sentencia de Yacuiba, donde se efectuó el juicio, dio lectura a la sentencia. Las procesadas buscaban madres de escasos recursos que iban a dar a luz al Hospital Básico de Villa Montes y les ofrecían hacerse cargo de sus hijos para darles a terceros.
Una de ellas, identificada con las iniciales S. M. V., era empleada del departamento de Trabajo Social del nosocomio.
Según la investigación, ambas empezaron a operar en 2009, por lo que algunos de los bebés entregados en adopción ilegal tendrían más de seis años y residirían con sus “padres” en otros departamentos. Pero, el proceso que les condujo ante un juez comenzó con la denuncia de dos madres que fueron separadas de sus recién nacidos en 2014.
Una de ellas, a la que llamaremos Carmen, llegó el pasado año al hospital a dar a luz. Tenía otros cinco hijos que criar y estaba desesperada. Esto fue aprovechado por S. M. V., quien le propuso darle una suma de dinero a cambio de encargarse de la alimentación de su bebé. Las indagaciones develaron que quienes iban a ser los padres adoptivos le facilitaban el dinero para asegurarse del éxito de sus transacciones.
Inicialmente la Fiscalía imputó a cuatro personas por el delito, entre ellas un galeno del hospital, quien fue absuelto por falta de pruebas, mientras otra involucrada se vio beneficiada por la prescripción del delito.
El 17 de julio, S. M. V. fue sentenciada a ocho años de reclusión. A su cómplice, quien fraguaba los documentos de adopción, le dieron dos años de reclusión por el delito de falsedad ideológica, por lo que no tendrá que entrar a la cárcel.
Apelaciones. La fiscal Ángela Coronado informó que las dos sentenciadas aún no se encuentran recluidas, debido a que “si bien el juicio ha concluido, el proceso penal tiene dos etapas más, una de apelación y otra de casación”, por lo que se debe esperar que se agoten.
La Razón consultó con el abogado penalista Milton Mendoza, quien dijo que tanto el Ministerio Público como la parte querellante pueden solicitar que el juez disponga medidas cautelares para las implicadas porque puede haber riesgo de fuga. Respecto a los dos bebés, la fiscal informó que la Defensoría de la Niñez se encargó de verificar su estado. “Están en óptimas condiciones y los padres adoptivos legalizarán su tenencia”.
