En Mapiri y Teoponte hay lenocinios que explotan sexualmente a adolescentes benianas al igual que en Suches, frontera con Perú. El Gobierno nacional y la Defensoría del Pueblo recaban información para intervenir.
Teófila Guarachi, representante de la Defensoría del Pueblo en el departamento de La Paz, revela que en esos burdeles “existen casos (presencia de menores). Las agencias de empleo coadyuvan a trasladar adolescentes hasta allí (minas auríferas) para supuestos trabajos de cocinera, pero las obligan a prostituirse”.
Cuenta que en 2014, una madre denunció cómo su hija de 13 años fue llevada por un minero. “Fue trasladada a Teoponte y (la madre) lo denunció como trata”
Por otro lado, el año pasado, una familia beniana llegó hasta Santa Rosa de Mapiri, La Paz, en busca de su hija adolescente.
“Tenía unos 16 años y fue llevada a trabajar en una pensión, pero estaba siendo explotada sexualmente. Al final la rescataron”, relata el director de radio Larecaja en Guanay, Marco Montoya.
La Ley 263 establece que comete el delito de trata quien realice, induzca o favorezca “la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional” con fines de explotación sexual comercial , extracción y venta de órganos, mendicidad, reducción a la esclavitud y otros (Art. 281).
Es culpable de tráfico, en cambio, quien “promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier medio la entrada o salida ilegal de una persona del Estado Plurinacional de Bolivia a otro Estado (Art. 321).
El alcalde de Mapiri, Pedro Fernández, admite, por su lado, que “hay indicios (de la presencia de menores que serían víctimas de ambos delitos) y aunque como Alcaldía no recibimos denuncias, estamos organizándonos para que junto a la Intendencia realicemos una inspección a los lenocinios que están en la capital y también en las cooperativas”.
La autoridad advierte que si se confirma la presencia de menores de edad en estos centros, “vamos a tomar las medidas que la Ley 263 nos faculta junto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia”. El delito de trata tiene una pena de prisión de 10 a 15 años (Art. 281) y el tráfico, de 5 a 10 (Art. 321), que pueden aumentar de acuerdo con las agravantes encontradas.
El proxenetismo, por ejemplo, tiene una pena de 12 a 18 años si la víctima de explotación sexual es menor de edad, y los clientes (violentadores sexuales) se exponen a ser condenados de 8 a 12 años de cárcel (Art. 322).
“No existen registros de este delito, no lo denuncian como trata y tráfico, y se conoce recién cuando no les pagan lo que les prometieron”, alerta Guarachi.
En Chuquini y Unutuluni, (Tipuani) y en Santa Rosa de Mapiri (Mapiri) hay muchachas que no han alcanzado la mayoría de edad provenientes de San Borja, Rurrenabaque y Trinidad (Beni) que son explotadas en locales que por fuera parecen bares y pensiones.
Fidel Criales, secretario general de la Alcaldía de Guanay, sostiene que no recibieron ninguna denuncia concreta. No obstante, confirma que es vox pópuli que “en algunos campamentos auríferos hay lenocinios, inclusive transitorios (que se instalan un tiempo y luego desaparecen). Vienen por fechas, visitan a las cooperativas, pero —como le dije— no tenemos una prueba fehaciente”.
Lily Cortez, presidenta de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia, informa que algunas de sus afiliadas viajan a los campamentos mineros.
“Trabajan en alojamientos y van a lugares donde hay oro, también a Potosí, Uyuni y Oruro. Por aquí, van a Guanay, Mapiri y Tipuani”. La dirigente descarta que haya adolescentes que sean explotadas por proxenetas.
Pesquisas. En el municipio de Pelechuco, provincia Franz Tamayo, está Suches, una pequeña comunidad en la frontera con Perú.
La Razón visitó el lugar en 2012, cuando los mineros podían extraer un kilo de oro (cotizado en Bs 350.000) por semana y cada familia poseía mínimamente una retroexcavadora y un camión F-12 para explotar y dragar el río del mismo nombre.
Allí, a 14 horas de viaje de la ciudad de La Paz, hay prostíbulos que funcionan en casuchas cuyas paredes están recubiertas de calamina y abren desde las 18.00 hasta la madrugada.
Los mineros acuden a estos centros, y si bien el ejercicio de la prostitución no está prohibido ni es un delito en el país, “hay jovencitas allí. Esos locales funcionan todas las tardes”, cuenta una fuente que visitó el lugar en julio y que pide no ser identificada.
Melania Torrico, directora general Contra la Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno, admite que conocen del fenómeno en Suches.
“Estamos haciendo el seguimiento a algunas denuncias y estamos en la persecución del delito, pero no podemos dar más detalles. Cuando tengamos más información diremos qué sucede en varias zonas auríferas”.
Ángel Lucho Mamani, alcalde de Pelechuco, niega sin embargo que haya explotación sexual en este lugar. “Yo soy de Suches. No existen ni locales ni pensiones, solo hay pequeñas comideras. No hay prostitución, no hay eso”.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, coronel Gary Omonte, da cuenta de que tienen información de la existencia de “lenocinios en centros auríferos, en la frontera entre Perú y Bolivia”.
Agrega que mujeres bolivianas estarían siendo explotadas sexualmente en centros mineros del país vecino. “Han sido trasladadas allá y eso es trata y tráfico de ciudadanos bolivianos”.
En julio Torrico reveló que unas 2.500 bolivianas eran explotadas sexualmente en La Rinconada, Puno. El lugar está a diez horas de Suches.
La Razón habló con Alejandro Santos, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), quien niega que en prostíbulos de los campamentos de Suches y Guanay y otros del norte de La Paz haya víctimas de trata. “No hermano, eso se descarta”.
“Tenemos información que la estamos procesando para después ver cómo se puede intervenir”, anticipó Guarachi.
