Al menos 7.300 armas de fuego cuentan con registro legal en el país, informó ayer el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez. Mañana comienza el registro voluntario en el territorio nacional, que durará 180 días o seis meses.
El acto oficial que dará inicio a esta campaña se realizará en el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz, con la presencia del presidente Evo Morales. Se instalarán oficinas en las capitales de los nueve departamentos para llevar a cabo esta labor y también se dispondrá de unidades móviles en las zonas rurales.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Gobierno, de las 7.300 armas registradas, 2.808 se encuentran en Santa Cruz, 2.653 en La Paz, 1.068 en Tarija, 569 en Oruro, 114 en Cochabamba, 48 en Sucre, 32 en Beni, ocho en Potosí, mientras que en Pando no hay ninguna, señaló Pérez, entrevistado por la agencia de noticias ABI.
El registro es implementado por mandato de la Ley 400 de Tenencia y Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales, y los decretos reglamentarios 2175 y 2344. Los ciudadanos deben realizar este trámite portando la documentación que explique dónde obtuvieron el arma o hacer una declaratoria sobre su forma de posesión. “Y ahí debe llevar su arma y entregarla a la oficina, ahí harán un levantamiento fotográfico y registrarán los datos específicos del arma”.
La autoridad complementó que posteriormente se llevará a cabo un peritaje para colectar el casquillo y proyectil del arma de fuego “a efecto de que queden guardados bajo control policial y además se van a tomar las huellas del propietario”. Luego de diez días el arma será devuelta a su dueño y se extenderá la autorización. La segunda fase implica la entrega voluntaria de armas de la Policía o las Fuerzas Armadas, que durará 90 días.
Los delitos por el uso y portación ilegales de armas se encuentran sancionados por el Código Penal, remarcó Pérez, y las penas van desde seis meses hasta 30 años de cárcel sin derecho a indulto. En el caso específico de la tenencia ilegal de armas, la condena puede ser de entre seis meses y dos años de privación de libertad, y de uno a cinco años si el delito tiene agravantes.
