José Luis G. C. fue remitido a la cárcel de Palmasola de Santa Cruz el sábado acusado de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Uno de sus empleados fue esposado a la cama para evitar que escape. El imputado era representante legal de la empresa de seguridad Guardas SRL, ubicada en la zona norte de la capital cruceña.
La firma reclutaba empleados varones para que realicen el trabajo de guardias de seguridad y les obligaba a permanecer en condiciones infrahumanas.
“Bernardino H. M., de 33 años, se presentó por un aviso en el periódico. Le prometieron un salario de Bs 1.800, pero le dieron solo Bs 400 porque le dijeron que debía pagar la indumentaria”, denunció Melania Torrico, directora general contra la Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno. “Lo tenían enmanillado a su cama, viviendo en condiciones infrahumanas, prácticamente en calidad de esclavo”.
Denuncia. La Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas establece una pena de entre 10 y 15 años de reclusión para quien por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción (…) indujere o favoreciere (…) la privación de libertad con el fin de reducción a la esclavitud o de explotación laboral, trabajo forzoso o cualquier forma de servidumbre”.
Este caso salió a la luz el 25 de julio de 2015. Bernardino logró escapar de la habitación donde era retenido, llegó a una unidad policial y pidió que le quiten las esposas. Además de B. H. M., ocho varones trabajaban con él y también vivían en condiciones precarias.
“Les daban la comida en bolsas de plástico y les hacían trabajar las 24 horas. Estaban absolutamente vigilados y no podían salir a ninguna parte. Hemos encontrado armas de fuego en el lugar, sin embargo, el resto no ha querido presentar denuncia”, explicó. La víctima es un indígena originario, nacido en el departamento de Chuquisaca, quien fue acogido por una familia cruceña.
El viernes 4 de septiembre, 41 días después de que se formalizara la denuncia, la fiscal a cargo del caso, Rosa R. —La Razón no pudo ubicarla—, fijó hora y fecha para que el imputado preste su declaración informativa. El sábado 5 de septiembre un juez cautelar ordenó su detención preventiva en Palmasola.
Torrico denunció que la víctima, su abogada y el abogado de la Dirección a su cargo fueron agredidos físicamente por los familiares del imputado. “Tuvieron que pedir dos patrullas”. “Han habido muchas irregularidades en este proceso, fue lamentable la actuación del Ministerio Público, la propia jueza admitió que la defensa de la fiscal fue muy pobre”, enfatizó Torrico.
