Solo 49 empresas de seguridad privada están autorizadas para operar en La Paz, el resto, unas 60, prestan servicios de forma ilegal, advirtió el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de Gobierno. La aprehensión de un guardia de un colegio particular del Macrodistrito Sur por acosar a una estudiante, evidenció que la empresa encargada de la vigilancia no estaba legalmente constituida. Por este motivo se decidió realizar operativos de control.
El objetivo era “verificar si las empresas que prestan este servicio están cumpliendo con la reglamentación”, informó Fernando Lea Plaza, jefe de la Unidad de Prevención del Delito de esa repartición. “La Dirección Nacional de Control de Empresas de Seguridad Privada (Dinacep), dependiente de la Policía Boliviana, entidad encargada de ejercer tuición sobre estas firmas, ha verificado que unas 60 no cuentan con autorización de funcionamiento”.
Lea Plaza aseguró que se dio un plazo de diez días para que sus responsables puedan realizar todos los trámites y regularizar su situación. De lo contrario, la Ley 264 establece que primero se les entregará una conminatoria escrita, luego se las sancionará con la suspensión temporal y, finalmente, con la clausura definitiva.
Norma. El reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura —Ley 264— establece los requisitos para obtener la resolución y la autorización Algunos de ellos son: el certificado de Fundempresa, el registro obligatorio de empleadores, una póliza de responsabilidad civil y otra contra accidentes del personal, la constitución de la sociedad y las hojas de vida de las personas que trabajarán como guardias privados.
Además se deben incluir los certificados de antecedentes de cada uno de ellos emitidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
“Los guardias van a trabajar velando por la protección de nuestras casas, de nuestros niños y jóvenes, de nuestras empresas, por lo tanto se debe tener constancia de que no tienen antecedentes penales”, explicó.
Las organizaciones privadas de vigilancia pueden brindar servicios de: protección física o electrónica a personas e instalaciones particulares; custodia y vigilancia de bienes muebles e inmuebles, y de locales destinados a la recreación, comercio u otros.
También están autorizadas a brindar y efectuar el transporte y custodia de valores, caudales y monedas bajo la supervisión operativa de la Policía Boliviana a través de sus batallones de Seguridad Física (Art. 56). Lea Plaza advirtió que para evitar la proliferación de compañías clandestinas se impondrá a quienes las contraten las sanciones dispuestas en el Reglamento Operativo de las Empresas Privadas de Vigilancia.
Multa. La penalidad al contratante “es (…) equivalente a (la mitad del) monto de la boleta de garantía” de la empresa de vigilancia clandestina, que debe ser erogada por las organizaciones, personas, “como consecuencia de contratar una (firma) ilegal”, dice la norma. Es decir que deberán cancelar el 50% de dichas boletas, que oscilan entre Bs 90.000 (unipersonales), Bs 197.000 (sociedades) y Bs 500.000 (sociedades anónimas).
“No es lo mismo contratar a una firma que está legalmente establecida que a una que no lo está, por los peligros que conlleva”, reiteró Lea Plaza. Los particulares deben solicitar la resolución de autorización y la licencia de funcionamiento, y una publicación de prensa que cada organización que da protección debe forzosamente efectuar al tramitar los permisos.
La venta de cámaras de vigilancia será regulada
El Viceministerio de Seguridad Ciudadana anunció que la venta de cámaras de vigilancia será controlada, ya que las tiendas que las expenden deben tener licencia de funcionamiento expedida por la Dirección Nacional de Control de Empresas de Seguridad Privada (Dinacep) al igual que las compañías que hacen monitoreo.
“Las tiendas ubicadas en las calles Colombia, Huyustus y Eloy Salmón —donde se venden este tipo de equipos— serán sancionadas, porque las únicas personas que pueden comercializarlas deben tener autorización de la Dinacep”, precisó Fernando Lea Plaza, jefe de la Unidad de Prevención del Delito del Viceministerio de Seguridad Ciudadana.
El funcionario también recomendó que si un ciudadano, organización u otro va a solicitar los servicios de las firmas que ofrecen protección mediante el monitoreo de circuitos cerrados de videovigilancia, tienen que solicitar la autorización respectiva para prestar este servicio. “Si contratamos una empresa ilegal que vigile nuestra casa o empresa, eso puede generar mayor inseguridad”.
Para trasladar dinero, contrate una firma
Para transportar sumas elevadas de dinero y no ser víctima de asaltantes, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana recomienda contratar los servicios de empresas especializadas en el transporte y custodia de todo tipo de valores.
“A los mineros que fueron víctimas de un atraco en El Alto, en el que uno de ellos fue asesinado, les hemos recomendado que cuando vayan a trasladar grandes sumas, contraten empresas de protección, porque la seguridad debe partir de todos los ciudadanos”, dijo Fernando Lea Plaza, jefe de la Unidad de Prevención del Delito de esa repartición.
El 19 de agosto de este año un radiotaxista y un minero de la cooperativa Kami perdieron la vida en un asalto armado cometido en la avenida 6 de Marzo. Los delincuentes se llevaron un maletín con Bs 1,7 millones que el segundo acababa de retirar de una entidad bancaria para pagar la mensualidad de sus socios.
Los vehículos blindados que son usados por las compañías que realizan el traslado de valores deben superar pruebas de impacto balístico, dispone una resolución ministerial. Como la norma prohíbe a los guardias privados portar armas de fuego, los responsables de estas firmas contratan los servicios de oficiales del Batallón de Seguridad Física de la Policía Nacional.
