Jorge A., ejecutivo del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), puso ayer su cargo a disposición del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, debido a la multiplicación de voces que exigían su destitución.
En 1996 fue sentenciado a cinco años de cárcel por la violación de la ciudadana holandesa M.Z., cometida en 1994. La defensa de la víctima apeló y el 13 de octubre de 1997, la Sala Penal 2ª de la Corte Superior de Distrito de Cochabamba absolvió al presunto responsable.
En 2000, la víctima denunció al Estado boliviano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2004 las partes llegaron a un acuerdo amistoso por el cual el Estado nacional “reconoce su responsabilidad internacional en relación con el caso MZ N° 12.350”.
El nombramiento de Jorge A. como ejecutivo del servicio edil sacó el caso a la luz 23 años después. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres fue el último en pronunciarse y en carta dirigida al alcalde Leyes solicitó “su inmediata destitución”.
“Resulta inverosímil que dicha persona, acusada de violar a la ciudadana M. Z., caso por el que el Estado boliviano fue denunciado ante la CIDH, ahora funja de funcionario público jerárquico”, dice la nota.
