El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la sentencia 0276/2015 en la que observa el proceso de adjudicación de los 60 buses Sariri. Se remite el caso a la Contraloría General para que determine posibles responsabilidades de exautoridades de El Alto.
La sentencia constitucional concedió la tutela a la empresa Fabros Motors, que participó del proceso de licitación pero no se adjudicó el contrato, y revocó la resolución de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitida el 21 de julio de 2014.
El dictamen del TCP ordena que “el proceso de contratación y todos sus antecedentes sean remitidos a la Contraloría General del Estado para la determinación de la responsabilidad ejecutiva, civil, penal y/o administrativa que corresponda”.
La demanda fue planteada en contra de Édgar Patana (MAS), exalcalde de El Alto; los exconcejales Zacarías Maquera y Wálter Alborta; Octavio Huanca Pomacusi, exdirector de Licitaciones y Contrataciones de la municipalidad; además de Shirley Poma, exjefa de la Unidad Jurídica de Licitaciones y Contrataciones.
Contratación. En la sentencia del TCP se aclara que se concede la tutela a Fabros “sin disponer la nulidad del proceso de contratación” para no provocar un mayor daño económico al Estado. Este proceso llegó a Sucre en calidad de revisión, luego de que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz denegara una acción de amparo constitucional planteada por Ernesto Damián Farell, a nombre de la empresa Fabros Motors.
La Alcaldía alteña lanzó la primera licitación para la adquisición de 60 buses de transporte masivo en septiembre de 2013, la que fue adjudicada a la firma Fabros Motors, que ofreció un precio de Bs 1.211.000 por cada vehículo, lo que equivalía a una inversión total de Bs 72.660.000.
Sin embargo, el Concejo Municipal de El Alto impugnó el contrato con Fabros por un supuesto sobreprecio en su oferta y por falta de explicaciones. Ante esta negativa se lanzó una nueva licitación, en la que la compañía brasileña CIBO SRL se adjudicó la venta de la flota por un precio de Bs 91.454.000, lo que equivale a un monto unitario de Bs 1.524.233.
De acuerdo con el actual secretario municipal de Movilidad Urbana Sostenible, Moisés Ávila, se deberá hacer un análisis jurídico sobre el fallo y se espera que no perjudique el relanzamiento del servicio municipal de transporte. “Esperamos que no perjudique nuestros planes de prestar servicio a la población”, remarcó.
La directora municipal de Asesoría Jurídica, Sonia Vallejos, aseguró que lo que corresponde es analizar el documento y conocer los pormenores del fallo que le concede la tutela a Fabros. La Razón intentó conversar con el exalcalde Patana para saber su opinión sobre este fallo y conocer detalles sobre el proceso de licitaciones de los buses municipales. La exautoridad no contestó a las llamadas de este medios de comunicación.
Proceso de licitación de los buses
Fabros
Esta empresa ganó la primera licitación que lanzó el gobierno local en 2013, luego se observó el proceso.
Precios
Fabros ofreció dotar 60 buses por Bs 72,6 millones y CIBO consolidó el proceso por Bs 91,4 millones.
