La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, anunció que se analiza la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la que observa el proceso de adjudicación de los 60 buses Sariri y remite el caso a la Contraloría General del Estado (CGE) para que determine posibles responsabilidades de exautoridades.
“No hemos recibido todavía la referencia. Nosotros como institución hemos coadyuvado con toda la información que se nos ha solicitado, este tema es de nuestro interés porque se trata de recursos económicos de los alteños”, indicó la primera autoridad local.
La sentencia constitucional concedió la tutela a la empresa Fabros Motors, que se adjudicó el contrato para la venta de 60 buses de transporte masivo en una primera licitación en 2013, proceso que fue anulado. Además, el dictamen revocó una resolución de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, de julio de 2014. El presidente del Concejo, Óscar Huanca, aseguró que lo que procede ahora es analizar la situación de forma jurídica.
“Aún estamos pidiendo información sobre este fallo, lo cierto es que vamos a tomar las acciones que correspondan en bien de la población y la Alcaldía”, dijo. Las dos autoridades expresan desconocer si Fabros está en la posibilidad de pedir un resarcimiento económico a la Alcaldía.
