El exsecretario municipal de Movilidad Urbana de El Alto Ernesto Machicao afirmó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) podría ser sujeto de una acusación por prevaricato al dictar un fallo en favor de la empresa Fabros Motors y dejar sin efecto el emitido por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 21 de julio del año pasado.
“Es una resolución que revela que existe un problema en la Justicia de Bolivia. Para qué sirve entonces lo que se haga en La Paz, es como si se estuviera manejando dos conceptos diferentes de justicia”, dijo.
El TCP determinó que el exalcalde de esta ciudad Édgar Patana y otros cuatro exfuncionarios de la Alcaldía se sometan a una investigación que iniciará la Contraloría General del Estado, a partir del fallo 0276/2015, donde estableció indicios de responsabilidad en el proceso de la licitación y adquisición de los buses Sariri.
En la sentencia se concedió la tutela a la empresa Fabros Motors y revocó la resolución pronunciada por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Machicao dijo además que no existe ningún daño económico en contra de Fabros porque no se firmó contrato alguno. “Al no haber firma, no hay daño; además ellos dicen haber gastado Bs 35 millones, pero no le dieron nada a El Alto, ni un bus”, agregó.
