La Paz, 5 nov (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Óscar Aparicio, valoró hoy la visita que en julio pasado hizo al país el papa Francisco, quien animó entonces al clero a preocuparse de «los problemas concretos de los ciudadanos».
Aparicio, que también es arzobispo de Cochabamba, opinó durante la apertura de la 100 Asamblea de Obispos que «primero son los problemas de la gente y después las ideologías».
Entre los problemas que padecen los bolivianos, el presidente de la CEB destacó las deficiencias en la atención sanitaria y la calidad de la educación, la escasez de empleo, la violencia causada por el alcohol, la drogadicción y el narcotráfico, la inseguridad y el «deplorable» estado de la justicia.
Por ello, instó a los medios de comunicación, actores sociales, autoridades, a la iglesia y a la sociedad boliviana a colaborar en «la búsqueda de caminos de superación».
Aparicio recordó que, en su visita, el pontífice animó a Bolivia y a la iglesia católica a «seguir trazando caminos de diálogo, encuentro, justicia y evangelización» y a experimentar «un cambio profundo» basado en «una sincera conversión de las actitudes y el corazón».
La valoración de la visita del Pontífice, así como la toma de decisiones para «amplificar su palabra» ocuparán una parte fundamental de la Asamblea, anunció el presidente de los obispos bolivianos.
El papa visitó en julio pasado las ciudades bolivianas de El Alto, La Paz y Santa Cruz, dentro de una gira que también le llevó a Ecuador y Paraguay.
Además, Aparicio adelantó que los obispos dedicarán un día del cónclave a estudiar medidas para facilitar los trámites destinados a declarar la nulidad del matrimonio en casos de uniones no voluntarias, según la consigna del papa Francisco.
El presidente de la CEB también volvió a reivindicar el derecho a la objeción de conciencia para el personal sanitario en relación a los supuestos bajo los que el aborto está permitido en Bolivia (violación, incesto, estupro y riesgo para la vida de la mujer).
En su opinión, la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de 2014, que no despenalizó el aborto pero eliminó la obligatoriedad de contar con una resolución judicial para interrumpir el embarazo en los caso supuestos, es una muestra de que «la cultura de la muerte se va abriendo paso».
