El Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad emitió su primera resolución responsabilizando a los fiscales Patricia Santos, Jhonny Garnica, Fernando Cabrera, Susana Boyán y Genaro Quenta y la jueza Lía Cardozo “por la retardación de justicia” en el caso del asesinato de la concejala de Ancoraimes Juana Quispe Apaza, en 2012.
De no garantizar la justicia y el debido proceso, el Estado puede ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El tribunal es una instancia del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, dependiente de la Defensoría del Pueblo, y cuenta con el respaldo de organizaciones y activistas que luchan por las mujeres del país.
Se “(…) impone una sanción moral y social en contra de los administradores de justicia del Estado por tolerar la vulneración de los derechos humanos, como el derecho a la vida, al ejercicio libre de los derechos políticos”, dice la resolución.
La entonces concejala del municipio de Ancoraimes, en La Paz, fue encontrada muerta el martes 13 de marzo de 2012 en El Alto, con signos de haber sido ahorcada. Hasta ahora no se encontró a los criminales. El tribunal que sesionó ayer, conformado por Julieta Montaño, Lucía Sauma y Kathia Velarde, pidió que la Justicia sancione ejemplarmente este feminicidio y que no lo deje en la impunidad,
