Vecinos de la zona Abaroa del Distrito 4 de El Alto exigen a la Alcaldía el resarcimiento con $us 21.000 por cada predio que fue afectado por la demolición que ejecutó el lunes en esta zona colindante con el aeropuerto. Denuncian además que una mujer en etapa de gestación perdió a su bebé.
El representante de los pobladores de este sector, Germán Chino, aseguró que se iniciará un proceso penal en contra de la alcaldesa Soledad Chapetón por haber instruido la destrucción de las construcciones y las pertenencias de muchos vecinos.
“Lo más grave es que haya muerto alguien inocente, porque la señora por proteger sus cosas fue arrastrada como animal por la Policía, tuvo un aborto y el niño murió”, relató.
El lunes, con 25 tractores, 10 volquetas y el resguardo de 320 efectivos policiales, el gobierno local demolió las 96 construcciones ilegales, según detallaron las autoridades municipales. Durante el operativo, ordenado en la franja de seguridad del aeropuerto, un funcionario edil y un policía resultaron heridos de bala.
Chapetón justificó el martes la intervención de los predios y afirmó que no había otra forma de hacerlo, debido a que eran construcciones clandestinas que atentaban contra la seguridad del aeropuerto internacional.
Mitin. Los vecinos afectados hicieron ayer un mitin en el patio de la alcaldía quemada de El Alto, allí mostraron algunos de sus objetos destruidos en el operativo y la señora Juana Cahuaya expuso la foto de un ataúd blanco, donde se vela a su nieto.
Chino lamentó que en el desalojo forzado no estuvo presente la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) ni el representante del Defensor del Pueblo, para apoyar a los menores de edad que se vieron afectados por una escena de destrucción.
“Les parecerá ridículo, pero muchos niños tenían sus juguetes y los patios de su casa eran su parque, su lugar de diversión y sus viviendas el lugar donde pensaban pasar Navidad, ahora no hay nada”, agregó Chino.
Por su parte, Cahuaya relató que cuando llegaron los tractores, su hija se encontraba lavando ropa. “El tractor ha destruido los muros sin contemplación; mi hija al verse sorprendida intentó obstruir el paso de la maquinaria, pero de inmediato los policías la arrastraron y se la llevaron por la fuerza, ella luchó por evitarlo pero no pudo. (…) Eso le ha ocasionado que tenga un aborto”, acotó.
Para conocer si el Defensor del Pueblo en El Alto, José Luis Hidalgo, tenía conocimiento sobre este caso, La Razón intentó conversar con él, pero un funcionario aseguró que se encontraba en una reunión interna.
El día de la demolición no se observó a ningún funcionario del Defensor del Pueblo y tampoco de las DNA para verificar la situación de las personas antes y durante el hecho, si en las viviendas habitaban niños y en caso de que éstos estuvieran presentes alertar a los padres o tutores para evitar daños personales.
“Queremos respuestas de por qué se actuó de esta forma, todos los vecinos pueden mostrar que pagaron impuestos, eso también debe ser devuelto, porque no es lógico que te cobren por algo que es irregular, clandestino o ilegal”, dijo Chino.
La intervención de la maquinaria fue rápida, para evitar la reacción de los vecinos. Sin embargo, una persona de la tercera edad, en aparente defensa de su casa, disparó en contra de un policía y un trabajador edil, hiriéndolos en el pecho y la pierna. Las palas de los tractores derribaron con facilidad las paredes de ladrillo de muros y viviendas, los techos de calaminas, además de algunas rejas.
Accidente alertó de los riesgos
Zona
El 31 de julio del año pasado, tras la caída de una avioneta Beechcraft de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), en la zona San Felipe de Sek’e, cerca de la carretera a Laja, se desveló la afectación de las construcciones a las operaciones de aeronavegación.
