Una nueva denuncia fue presentada ayer en contra del constructor Emerson E. A.. Ramiro Tejada, abogado de 14 copropietarios del edificio Sigma, informó que el sindicado entregó en garantía ese inmueble y que el banco está a punto de ejecutar la hipoteca.
“Los copropietarios han pagado al contado el valor de los departamentos, pero luego este señor sacó un préstamo por Bs 5,9 millones que no ha pagado. Mis clientes solo tienen documentos privados de compra-venta y ahora sufren el juicio ejecutivo que sigue el Banco Fortaleza en el afán de recobrar su dinero”, agregó.
La edificación, de 22 pisos, está situada en la avenida Ballivián, entre las calles 14 y 15 de Calacoto, La Paz. Tejada aseguró que hay una serie de irregularidades en la concesión de este préstamo, por lo que solicitó a través de la Fiscalía que la entidad bancaria presente la cartera crediticia, lo que hizo hasta la fecha. La Razón llamó, pero no logró hablar con el denunciado para obtener su versión de lo ocurrido en este caso.
Emerson E. A. fue aprehendido el 11 de octubre de 2015 tras ser acusado de una millonaria estafa en la preventa de departamentos en el edificio Gamma, en la calle 11 de Calacoto, que iba a tener 11 pisos. Las obras nunca se iniciaron, ya que el terreno donde dijo que iba a erigirse nunca fue vendido.
Cinco defensores de las cerca de 25 víctimas —14 condueños de Sigma y 11 de Gamma— dieron una conferencia de prensa en la Defensoría del Pueblo para hacer pública una denuncia contra la Fiscalía del Macrodistrito Sur, de la que dijo: “protege al sindicado”, ya que hasta la fecha no solicitó su aprehensión ni su detención preventiva.
“Hemos presentado pruebas sobre los riesgos procesales, por lo tanto este señor debería ser aprehendido y detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro. No nos explicamos cómo la Fiscalía de la zona Sur protege a un delincuente en desmedro de los intereses de las víctimas”, declaró Milton Mendoza, abogado de un grupo de los afectados.
El 12 de octubre, el sujeto, dueño de una constructora, a quien se le secuestraron cuatro autos de lujo, fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva. Para engañar a los 11 que le dieron anticipos, de $us 95.000 en promedio, el inculpado presentó un documento de compra del predio, en el que se falsificó la firma de la propietaria.
“La propietaria de la chifa EMI tiene un terreno en la calle 11 de Calacoto de 1.300 metros cuadrados, y este señor indicó que ahí iba a construir el edificio, lo que es falso. Presentó un documento notariado falsificando la firma de mi defendida”, explicó su defensor Wilfredo Arcón. Por ello la afectada le sigue un proceso penal. El denunciado deberá presentarse a declarar el miércoles por la nueva querella presentada en su contra.
Ramiro Vega, abogado de dos damnificados —uno entregó $us 200.000 por un departamento y otro $us 100.000 por unas oficinas en el supuesto nuevo edificio—, dijo que Emerson E. A. “se dio el lujo de presentar una acción judicial en contra del comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la zona Sur, coronel Oswaldo Fuentes”. Ese jefe policial ordenó el allanamiento del domicilio del empresario y el “secuestro de cuatro autos de lujo valuados en más de Bs 500.000”.
Cuidado con la preventa de casas
Asesoría
Abogados piden a la ciudadanía tener cuidado con la preventa de departamentos. Recomiendan pedir asesoría legal, solicitar los documentos del terreno o inmueble y acudir a las instancias correspondientes para verificar que estén en orden.
Acusan a dos fiscales de proteger a timador
Dos de los cinco abogados de las 25 víctimas de Emerson E. A. acusaron ayer a dos fiscales de “proteger” al empresario, ya que le devolvieron la libertad y sus cuatro vehículos secuestrados. “La fiscal María Teresa L. hizo una defensa nefasta y permitió que le dieran medidas sustitutivas en una audiencia vergonzosa”, aseguró el abogado Ramiro Vega. El empresario se presentó a una segunda declaración informativa, pero la representante de la Fiscalía en la zona Sur de La Paz no ordenó su aprehensión.
“Le pregunté por qué no lo hizo y dijo que estaba cansada y que no tenía tiempo para imputarlo”, denunció Vega. Días después, María Teresa L. fue cambiada y su último acto jurisdiccional —según el profesional— fue devolverle los autos.
Posteriormente tomó el caso la fiscal Janett A., quien el 11 de diciembre no se presentó a tomar la declaración informativa al querellado. “Denunciamos públicamente la inacción del Ministerio Público y queremos dejar constancia de que este señor va a escapar”, alertó Milton Mendoza.
