“Es bien triste vivir sin mi hija, todos los días miro sus fotos”, dijo Marina F., madre de Karen R. F., de 16 años, quien desapareció el 24 de julio de 2014. Dos tenientes de Policía, que hoy tienen 30 años, están involucrados. Uno fue denunciado por trata y tráfico, y el otro por feminicidio en grado de complicidad, pero la fiscal que investiga el caso sobreseyó a ambos oficiales. El sobreseimiento tiene el mismo efecto que una sentencia absolutoria.
El jueves 24 de julio, la menor salió de su vivienda ubicada en la zona de Alto San Pedro rumbo al Liceo Venezuela, esa fue la última vez que Marina vio con vida a su hija. Después de percatarse de su desaparición, la progenitora descubrió que la adolescente tenía amistad con dos tenientes
“Dos policías fueron imputados: Luis Miguel R. R., por el delito de trata de personas, y Álvaro Franco M. B., por el delito de feminicidio en grado de complicidad, sin que haya el cuerpo”, explicó Eduardo León, abogado de la familia de la víctima.
Traslado. La última persona que estuvo con la colegiala fue Luis Miguel R. R., quien la recogió de la plaza El Carmen, avenida Buenos Aires, en un vehículo y la llevó hasta Ciudad Satélite (El Alto). Luego la trasladó a la comunidad de Lipari (Río Abajo), donde, según él, la dejó. Desde entonces nadie la volvió a ver. León denunció que ambos oficiales, en vez de resguardar a los estudiantes en los colegios, “iban a enamorar a las jovencitas”.
Álvaro Franco M. B. llegó a sostener una relación sentimental con la adolescente pese a los 13 años de diferencia entre ambos, y según la declaración de una amiga de la víctima: “la llevaba a consumir bebidas alcohólicas con oficiales de mayor rango e incluso la golpeaba”. Dos meses después de la desaparición, la Policía hizo un rastrillaje en Lipari, donde el sindicado dijo que dejó a Karen, pero no encontraron rastros de ella.
“Este hombre se ha negado, primero dijo que no conocía a mi hija, pero en el extracto de llamadas se pudo ver que mi hija tenía contacto con él”, dijo Marina F. El 31 de agosto, la fiscal Débora Olivera emitió un requerimiento de sobreseimiento, con el argumento de que no había cuerpo ni pruebas que inculpen a los imputados.
“El 8 de septiembre nosotros presentamos la objeción y presentamos la impugnación a esta resolución, porque, más allá de ser injusta, carecía de fundamento y era una ofensa contra el Estado de derecho”, puntualizó León. El Tribunal Constitucional —según el profesional— estableció un plazo de 10 días para que el fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, resuelva el sobreseimiento. Sin embargo, ya pasaron 101 días y esa autoridad no se ha pronunciado.
