Jorge Castillo, juez Noveno de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, dictó la detención domiciliaria del imputado Eloy T. P., policía de Radio Patrullas 110 y chofer del minibús que se accidentó el jueves por exceso de velocidad y produjo la muerte de tres personas.
La decisión produjo las protestas de familiares de las víctimas. La tragedia ocurrió en el camino entre Mallasilla y Achocalla, y causó la muerte de Valentina Vera Laime (quien dejó huérfano a un niño de 6 años), Rosa Morales (quien tenía una pequeña de 8) y Valeria Calderón, cuya hija de 19 años, Marcia Choque, quien iba con ella en el motorizado, quedó parapléjica. Al menos otros 13 pasajeros quedaron heridos.
La audiencia pública de medidas cautelares que debía comenzar a las 08.30 de ayer, se instaló recién a las 10.45 y la Policía restringió el ingreso de los familiares y la labor de la prensa por orden del juez Castillo, quien solo permitió la entrada de camarógrafos de televisión y no así de fotógrafos, y solo por un par de minutos. Incluso el juez se cubrió el rostro. Uniformados señalaron que las audiencias son públicas de lunes a viernes, no así los sábados.
El viernes, el investigador del caso —cuyo nombre no se dio a conocer— fue removido porque se negó a recibir un soborno del imputado, de acuerdo con versiones de familiares de las víctimas. Richard Cori, abogado del acusado de homicidio culposo, negó esta versión y dijo que estaba satisfecho con la decisión del juez, ya que su cliente “no tenía la intención de matar a nadie”. Mientras que la fiscal Edna Montoya criticó la medida porque el involucrado, con su imprudencia, segó la vida de tres personas y provocó heridas graves en otras.
