Un estudio financiado por la Unión Europea en Bolivia alertó sobre las condiciones de discriminación y vulneración de los derechos humanos que sufren los portadores del virus VIH y las personas LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) en las cárceles del altiplano.
El coordinador de proyectos de la Asociación Con Alas Propias (Ascap), Ricardo Cordón, que ha ejecutado la iniciativa de investigación en colaboración con la Asociación Un Nuevo Camino (Asuncami), destacó este jueves (28 de enero) en una presentación en La Paz la necesidad de que «esta temática no quede oculta».
A pesar de que la mayor parte de responsables de instituciones penitenciarias niega la existencia de problemas específicos de la población reclusa LGTB -o incluso se niega su presencia en las cárceles-, Cordón denunció que sufren violencia física, sexual y económica.
La investigación «Miradas libres», primera de este tipo en Bolivia, estima que en las cárceles del altiplano boliviano, que abarca los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, hay al menos 41 reclusos con VIH, 38 de ellos en La Paz.
Sin embargo, podrían ser más porque solo en Oruro y Potosí se practican pruebas diagnósticas obligatorias al ingreso y porque los contagios dentro de las instituciones pueden aumentar la cifra.
«Dentro de las prisiones se transmiten enfermedades de transmisión sexual porque hay relaciones entre reclusos», afirmó Cordón.
Los enfermos de VIH viven apartados en varias de las prisiones, en lo que Cordón define como un «doble aislamiento» o incluso triple en el caso de las mujeres en cárceles mixtas, en buena medida debido a los prejuicios y desconocimiento del personal carcelario sobre los riesgos y vías de contagio del virus.
A las «condiciones miserables» y el hacinamiento de algunas cárceles del altiplano se debe sumar la estigmatización de quienes son portadores del VIH, pertenecen a algún colectivo LGTB o las dos cosas a la vez.
La mayor parte de la población LGTB prefiere no evidenciar su condición en las prisiones para evitar discriminaciones, advirtieron los responsables del estudio.
Solo las identidades transexuales se manifiestan, y a menudo sufren el rechazo y la desconfianza de otros reclusos independientemente del módulo masculino o femenino en que se integren.
Los reclusos LGTB sufren violencia física, violaciones, petición de dinero a cambio de protección o la obligación de ejercer trabajos serviles por parte de otros reclusos, señala el estudio.
Cordón señaló que la situación de vulnerabilidad de estos reclusos les lleva a ejercer la prostitución dentro de las prisiones.
Además, las personas con VIH y población LGTB son también discriminados por el personal de las instituciones penitenciarias y operadores legales, asegura el informe.
Cordón refirió que algunos abogados renuncian a la defensa de estas personas «para no verse relacionados».
El estudio «Miradas Libres» propone poner en marcha protocolos específicos de acogida a estas poblaciones e impulsar políticas de educación y sensibilización a los reclusos y al personal penitenciario.
La investigación también señaló que no existen registros cuantitativos sobre VIH en las cárceles, por lo que propone implantar pruebas diagnósticas rápidas en todos los centros.
El Estado boliviano carece de políticas públicas o presupuestos específicos para los colectivos LGTB y de portadores de VIH privados de libertad.
