En medio de una lluvia persistente, pobladores del municipio de Yapacaní, distante a 241 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, efectuaron ayer una marcha de protesta exigiendo seguridad ante las últimas violaciones, robos y atracos.
Una columna de hombres, mujeres y niños, portando pancartas de rechazo a la ola delictiva, se apoderó de un carril de la avenida que conecta con el camino interdepartamental Santa Cruz-Cochabamba.
El pedido unánime de los manifestantes fue la asignación de mayor cantidad de policías, porque consideran que los 20 destinados a ese municipio, que cuenta con poco más de 50.000 habitantes, son insuficientes.
Los marchistas demandaron también mayor protección de las autoridades policiales para frenar las violaciones que se presentaron en lo que va del año. El 16 de enero, la jueza Virginia Canchari ordenó la reclusión en el penal de Palmasola de Marcelo P. P., de 24 años, imputado por la violación de una niña de ocho años, y quien tenía antecedentes por abusar sexualmente de otras dos niñas usando el mismo modus operandi.
“El Gobierno debería de proponer una ley para castrar a los violadores, porque hacen daño a los inocentes. Ya no existe seguridad para mandar a las niñas a la tienda por temor a que puedan ser atacadas”, denunció María Luisa Limachi, quien participó de la movilización.
En 2013, el Gobierno nacional declaró a este municipio “zona roja” del narcotráfico, debido a los hallazgos de fábrica de pasta base y laboratorios de cristalización. Hay quienes creen que la producción de droga es la causante de la violencia. “Hay gente que maneja grandes cantidades de dinero, que se ponen a beber y luego se agarran a balazos”, dijo uno de los vecinos.
