La jueza 7° de Instrucción Penal Cautelar, Ana Dorado, determinó ayer la detención preventiva en el penal de San Pedro para el dirigente gremial de El Alto Braulio Rocha y el excandidato a concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Wilmer Sarzuri, ambos implicados en los incidentes violentos en el edificio de la Alcaldía, que derivaron en la muerte de seis personas.
La autoridad judicial determinó también la detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de Calahuma para Víctor Hugo Tola y Álvaro Kevin Calvimontes, informó la fiscal del caso, Susana Boyán. Cerca de las 14.00, W. M. F. (menor de 18 años) fue remitido también al mencionado centro por un juez del menor.
Audiencia. Más de cuatro horas duró la audiencia de medidas cautelares para las primeras cuatro personas, mientras un grupo de policías resguardaba las inmediaciones del Salón Rosado en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ), donde se realizó la audiencia. En la parte exterior del edificio, un grupo de personas gritaba y exigía la libertad del dirigente.
Rocha, Sarzuri, Tola y Calvimontes son acusados por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, asociación delictuosa y destrucción de bienes públicos. “Asumimos con tranquilidad esta determinación porque se ha valorado todas las pruebas que ha presentado la Fiscalía”, afirmó Sonia Vallejos, directora general de Asesoría Legal de la Alcaldía de El Alto.
Según la funcionaria edil, Rocha tuvo participación directa en los hechos violentos con el agravante del delito de instigación a delinquir, aunque no fue imputado por ese delito, que lo habría cometido con anterioridad por una amenaza pública que hizo en contra de la alcaldesa Soledad Chapetón.
En el caso de Sarzuri, Vallejos dijo que fue identificado como incitador a la violencia por algunas imágenes. Según la valoración de la jueza, entre los cuatro cautelados persistieron los riesgos procesales de peligro de fuga, influencia negativa en la investigación y obstaculización de ésta.
Vallejos explicó que el delito más grave por el cual se sindica a Braulio Rocha es homicidio, que según el Código Penal tiene una sanción de privación de libertad de 5 a 20 años.
En tanto, Mónica Irusta, abogada de Álvaro Kevin Calvimontes, aseguró que no apelará la decisión, pero sí buscarán su libertad luego de que logren acreditar una fuente laboral. La jurista señaló que su defendido recién fue licenciado del servicio militar. La Fiscalía no efectuó la individualización de las acusaciones debido a que considera que hay distintos grados de participación.
Captura. El pasado miércoles por la noche, la Policía capturó a cinco personas a quienes se apuntó como los primeros implicados en la manifestación de padres de familia que provocó la toma e incendio del edificio de la Alcaldía central. Tras una declaración de los detenidos ante la fiscal Boyán, se determinó imputar a tres sujetos, mientras que dos quedaron libres.
El dirigente gremial Braulio Rocha fue capturado un día después en su domicilio en El Alto y Wilmer Sarzuri también fue detenido en esta ciudad, ambos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.
Gremiales anuncian medidas
Ampliado
El secretario Ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto, Eliseo Suxo informó ayer que esta institución y la Federación de Gremiales de esta ciudad decidirán el lunes en un ampliado las medidas de presión y legales que asumirán, tras la detención del dirigente gremial Braulio Rocha que fue remitido al penal de San Pedro.
Chapetón declarará el lunes ante la Fiscalía
Miguel Rivas – El Alto
La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, aseguró su presencia el lunes en la Fiscalía para declarar, en calidad de testigo, por el ataque y quema del edificio central de la Alcaldía que dejó como saldo fatal seis funcionarios muertos y más de 20 heridos.
“La alcaldesa quería apersonarse hoy (ayer) a declarar voluntariamente, pero las audiencias de medidas cautelares de los primeros sospechosos fueron retrasadas desde la mañana y recién se instalaron a las 15.30, por lo que el tiempo que disponen los fiscales asignados al caso es corto”, manifestó la directora de Asesoría Jurídica del gobierno local, Sonia Vallejos.
De acuerdo con Vallejos, solicitarán que la fiscal Susana Boyán pueda recibir en su despacho a la autoridad municipal para escuchar su versión sobre los hechos; su presencia “será a primeras horas del lunes”.
“Somos la parte más interesada en que se conozca la verdad de estos hechos”, agregó.
Sin embargo, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, indicó que Chapetón no se habría presentado por estar delicada de salud. “Lo que se quiere es tener la verdad histórica de los hechos, por eso la convocamos a declarar en calidad de testigo, sin embargo, no lo hizo porque estaría delicada de salud”
Guerrero dijo que se indaga las razones por las que seis personas no pudieron salir y otro grupo lo hizo por techos y ventanas.
Se cerró la llave para el suministro de agua
Funcionarios fallecidos se escondieron en un baño donde no había el líquido
La llave de paso del agua potable fue cerrada por los manifestantes minutos antes de que se inicie la destrucción de las oficinas de la planta baja de la Alcaldía, por lo que los funcionarios ediles se quedaron sin este servicio y posteriormente sin luz, debido a que el fuego quemó los cables de la calle.
La manifestación de padres de familia se tornó violenta, no se sabe aún si fue impulsada por dirigentes o hubo infiltrados, la Policía aún investiga este hecho.
Según el relato de testigos a este medio de comunicación, un joven se agachó, levantó la tapa del medidor de agua y cerró la llave de paso de la cañería, lo hizo después de que sus compañeros se treparon a la puerta principal para romper los vidrios que habían sobre ésta y fueron mojados por funcionarios con agua fría.
Los sobrevivientes del siniestro señalaron que buscaban agua para soportar el humo e incluso apagar el fuego desde dentro, y se refugiaron en los baños.
