Dirigentes gremiales amenazaron con medidas de presión si el Ministerio Público no libera al dirigente Braulio Rocha, en un plazo de 96 horas. Además, se inició un primer piquete de huelga de hambre de padres de familia en el colegio Dionisio Gutiérrez del Distrito 8 de El Alto.
El secretario general de la Federación de Gremiales de El Alto, Rodolfo Mancilla, precisó que ese plazo corre desde el lunes y se asumió luego de un ampliado de emergencia del sector.
Rocha, el principal representante de los comerciantes de El Alto, fue detenido por la toma y quema de la Alcaldía alteña el miércoles 17 de febrero, que derivó en la muerte de seis funcionarios ediles y 26 heridos. Tras su detención, la jueza 7° de Instrucción en lo Penal Cautelar, Ana Dorado, dictó detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz para el dirigente.
El candidato a concejal por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Wilmer Sarzuri también guarda detención preventiva en la cárcel de La Paz. Adicionalmente, Víctor Hugo Tola Herrera, Álvaro Calvimontes y un menor de edad están en el centro de rehabilitación de jóvenes de Calahuma.
Huelga. Una huelga de hambre fue iniciada ayer por los padres de familia del Distrito 8; el piquete fue instalado en la unidad educativa Dionisio Gutiérrez de la zona Ventilla para exigir la liberación de al menos siete personas, que según los huelguistas no están implicadas en los hechos vandálicos del 17 de febrero, en los que además se registró la pérdida de documentos, muebles y daños al edificio edil.
Los padres evitaron dar sus nombres por temor a ser identificados y luego aprehendidos, pero exigieron la liberación inmediata. “Nuestros ejecutivos son inocentes de los cargos que se les acusa, nuestra presencia en la Alcaldía fue para reclamar obras, no para matar gente ni destruir los predios o documentos”, dijo uno de ellos.
En una radio local de El Alto, dirigentes aceptaron que sus representantes se encuentran por más de 10 años ejerciendo el cargo y que se les obliga a asistir a las marchas con multas o con la amenaza de no inscribir a sus hijos e hijas en el colegio.
“Las unidades educativas están con este problema desde hace años, queremos obras, pero ningún gobierno municipal ha hecho algo por los estudiantes”, indicó un padre de familia.
Por otra parte, el Sindicato de Trabajadores Municipales de esta ciudad manifestó su apoyo a la gestión de la alcaldesa Soledad Chapetón y pidió a las autoridades que “esclarezcan con transparencia” los hechos del miércoles y arresten a los autores materiales e intelectuales del hecho.
Criticaron las aprehensiones contra dos funcionarios que se hallaban “salvando vidas” ese día fatídico.
Entregan evidencia a la fiscalía
Comisión
La directora de Asesoría Jurídica de la Alcaldía de El Alto, Sonia Vallejos, informó que entregaron, a la comisión de fiscales que investiga los hechos de violencia del 17 de febrero, los videos de las cámaras de seguridad para identificar a los implicados.
Chapetón denuncia conspiración política
La Alcaldesa cuestiona el uso de imágenes y el arresto de funcionarios
La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, denunció ayer conspiración y persecución política en contra de los trabajadores ediles y su gestión municipal.
“Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y los medios internacionales que somos víctimas de una conspiración y persecución política, con todo lo que está sucediendo”, declaró en conferencia de prensa ayer en La Paz.
La autoridad cuestionó la aprehensión del secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Dorian Ulloa, y el director de Talento Humano, Marcelo Plata. Además, pidió al Ministerio Público “actuar con transparencia para dar con los verdaderos autores”.
Denunció que en las redes sociales circuló un video de seguridad de SABSA, un material que solo se podría obtener con requerimiento fiscal o con el permiso de autoridades del Gobierno.
En las imágenes se ve a Chapetón en el aeropuerto de El Alto y el de Viru Viru de Santa Cruz. “Hicieron correr el rumor de que yo no estaba el 17 de febrero, pero no fue así. Un día antes fui a una invitación de un periódico, regresé el día del ataque a las 07.55 y se me informó que la marcha era pacífica, algo que el coronel José Peña (excomandante de la Policía) corroboró y que incluso dijo haber charlado con los manifestantes”.
Chapetón dijo que no solo el país está siguiendo los resultados de estas investigaciones, sino que existen miradas internacionales sobre la actuación de los fiscales, a quienes cuestionó por detener a ediles “que salvaron vidas”.
