Producto del anuncio de las personas con discapacidad de movilizarse el 19 de marzo desde Cochabamba hasta la ciudad de La Paz en demanda de un bono mensual de Bs 500, la ministra de Salud, Ariana Campero, llamó a este sector a discutir sus demandas en mesas de trabajo a implementarse en las nueve capitales del país.
“Hay algunos grupos pequeños que no son la representación oficial, más bien nosotros queremos hacer un llamado. Lo que nosotros queremos es evitar que tengan que recorrer kilómetros, queremos y les hacemos un llamado que se unan a nuestros diálogos a nivel departamental. En su departamento vamos a conversar temas específicos”, aseveró esta noche Campero.
Francisca Huarachi, responsable del Comité de Movilización informó en Cochabamba de la decisión asumida tras una prolongada protesta en esa capital que incluyó medidas radicales como el colgarse en el puente Viaducto y crucificarse.
«Se ha determinado, en el ámbito nacional, que vamos a partir hacia La Paz el 19 de marzo. Van a delegar entre 10 y 15 personas (por región movilizada), dependiendo de las características de la población”, explicó en una conferencia de prensa en la que confirmó asistirán delegaciones de Beni, Sucre, Santa Cruz, La Paz, El Alto, Potosí, Chuquisaca y Tarija.
El dirigente Roberto Nacho, quien acompaño a Ariana en la conferencia de prensa, criticó el anuncio de movilización y coincidió con la Ministra de Salud en la existencia de pequeños grupos que buscan crear paralelismos en la Confederación Boliviana de personas con Discapacidad (Cobopdi)
“Han creado un paralelismo. Nosotros somos los legítimos representantes de la Confederación. Son pequeños grupos que viven en casas para aparentar. Nosotros vamos a dialogar con las bases, que serán las que hagan sus demandas para plantearlas al Gobierno”, indicó.
Se prevé, según el dirigente, que una primera mesa de negociación sea instalada entre el 17 y 18 de marzo en la ciudad de Oruro.
Las personas con capacidades diferentes demandan un bono mensual de Bs 500 en vez del beneficio anual de Bs 1.000 que reciben. El Gobierno descartó atender el pedido porque implicaría incrementar de Bs 22,1 millones a Bs 368,6 millones la partida del bono.
