El Comité de Movilización de las personas con discapacidad anunció ayer que asistirán al diálogo convocado por el Gobierno, si reciben una invitación formal. Sin embargo, ratifican su marcha desde Cochabamba hasta La Paz.
“No llegó ninguna nota verbal o escrita, pero en caso de que así sea se realizará el diálogo. Hay que evaluar los criterios e intentar buscar una salida. El diálogo va, pero la marcha continúa”, señaló a La Razón Francisca Huarachi, responsable del Comité.
El viernes, la ministra de Salud, Ariana Campero, convocó al sector a discutir sus demandas en mesas de trabajo que se instalarán en las capitales de departamento. También denunció paralelismo en la representación del sector.
Los movilizados demandan al Gobierno un bono mensual de Bs 500, actualmente reciben Bs 1.000 al año. El viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, señaló que “no es posible atender” ese pedido, ya que significaría un costo de Bs 368,6 millones para el Estado.
Durante 46 días, miembros de este grupo realizaron protestas, principalmente en Cochabamba, y también en Potosí, Oruro, Beni, Tarija y El Alto.
Hasta 2015 en Bolivia se registraron 22.112 discapacitados, de los cuales La Paz reúne la mayor cantidad: 5.272, según datos del Gobierno.
