El 18 de agosto de 2015, efectivos policiales intervinieron un bloqueo de indígenas de Takovo Mora en demanda del derecho propietario sobre tierras de exploración hidrocarburífera. La Defensoría del Pueblo estableció en un informe que el hecho de violencia contra los indígenas vulneró “de manera flagrante, premeditada y culposa” la Constitución, seis tratados internacionales y leyes.
El documento fija la vulneración de “los derechos a la integridad; a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad personal; además de derechos específicos de mujeres, niñas, niños y adolescentes y de los pueblos indígenas, como el derecho a la territorialidad y a la consulta previa, libre e informada”.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó el informe y recomendó al fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, proseguir las acciones penales contra los autores directos e indirectos, así como cómplices, encubridores e instigadores de este hecho, especialmente, en relación a aquellos delitos cometidos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.
La intervención policial se dio en el tramo Yacuiba-Santa Cruz, que fue bloqueado por los indígenas que demandan la suspensión de actividades exploratorias en la zona de El Dorado que está a cargo de la subsidiaria Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco y la anulación de tres decretos supremos que facultan el ingreso a áreas protegidas para trabajos de exploración.
El Gobierno afirmó en ese entonces que los predios reclamados pertenecen a los propietarios privados Eloy Leigues Cordero y Mario Ignacio Angaril Cerrate, con lo que descartó indemnización y consulta previa por la exploración de hidrocarburos.
Villena aseguró que hubo un uso desproporcionado de la fuerza.
“Las fuerzas policiales procedieron a la destrucción y el despojo de diversos objetos de propiedad de los comunarios, sin ninguna justificación. Además, afirma que la intervención fue utilizada para aprehender a dirigentes y personas de la comunidad, entre ellas, menores de edad, quienes en muchos casos se hallaban encerrados en sus casas y no en el sector del conflicto”, establece parte de un boletín institucional.
Sobre la tierra disputada, el informe prevé la existencia de sobreposición de predios privados en los territorios demandados por la Tierra Comunitaria de Origen Takovo Mora, además de “inexactitud sobre la superficie del territorio en el que se desarrollan las actividades hidrocarburíferas”.
Además precisó que “en las distintas fases de la exploración y explotación hidrocarburífera, las prácticas operacionales típicas de la industria petrolera producen la destrucción de la biodiversidad y del ambiente en general. Así, los impactos ambientales no se restringen a la zona donde se desarrolla el proyecto hidrocarburífero, pues la alteración ecosistémica provocada por la extracción petrolera se extiende mucho más allá de los límites del proyecto”.
