El contrato entre la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y Army Security fue firmado el 15 de diciembre de 2014 y la entrega del Centro de Monitoreo Móvil (CMM), consistente en un dron y una miniván acondicionada, se la hizo el 26, 11 días después. En esta adquisición, cuya transparencia es investigada desde el 8 de marzo por una comisión de tres fiscales anticorrupción, el Gobierno Municipal invirtió Bs 3,7 MM, equivalentes a $us 530.000, para equipar a la Policía.
Con el pasar de los días, las presuntas irregularidades comenzaron a saltar. Primero, la proveedora Army Security es una empresa cuya actividad declarada es la prestación de seguridad física privada; no es una proveedora de equipos tecnológicos. En segundo lugar, la contratación fue efectuada por invitación directa y no por licitación como se dijo a principios de este mes.
Tercero, las piezas para acondicionar la miniván fueron adquiridas del mercado La Ramada y otros abastos informales. En cuarto lugar, se denunció que el software “sería pirata”, ya que Army Security no entregó la licencia; y en quinto, que en los archivos de la municipalidad no hay copias de la boleta de garantía.
El escándalo —que involucra a la gestión del alcalde Percy Fernández— saltó a la agenda pública, después que el Comando Departamental de la Policía volviera a rechazar el CMM, y el gobierno local, a través de su secretario de Defensa Ciudadana, José Negrete, amenazara al coronel Sabino Guzmán con un proceso.
La Policía presentó un informe de sus peritos de telemática que concluyeron que el equipo no reúne las especificaciones técnicas para las operaciones policiales, acompañado de copia del detalle de las características solicitadas por el Comando en 2014. Joadel Bravo, abogado del propietario de Army Security, Carlos Alberto Padilla, alegó ayer que la Alcaldía cruceña no incluyó en su requerimiento que el equipo debía ser importado.
Corrupción. “El dron no fue comprado en La Ramada como se viene hablando. Lo que ocurre es que para instalar el CMM se requiere de varios elementos, como la heladera, microondas, catre y ventiladores, éstos no necesitan ser importados”, sostuvo. “Solo les dieron un plazo de 15 días para armar el CMM, y en ese tiempo es imposible importar un vehículo”, argumentó.
Sin embargo, en su declaración informativa, a la pregunta de los fiscales, Padilla respondió: “todo lo que llevaba el centro de monitoreo fuimos comprando de donde pillábamos los equipos (sic), de La Ramada o de otros lugares”. Johnny Zeballos, concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció que el software es “pirata” porque hasta la fecha no han presentado las licencias.
El soporte informático, respondió el defensor, cuenta con licencia, la que aún no fue entregada “porque se desconoce a nombre de quién va ser registrada”. El edil también hizo notar la falta de la boleta de garantía, aunque Bravo alegó que el centro de control tenía resguardo de un año, plazo que ya feneció.
Hernán Cabrera, representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, dijo que la adquisición del equipo de monitoreo “huele a corrupción”, y emplazó al alcalde Fernández, quien autorizó el contrato, a “dar la cara”. “Esto debió ser fiscalizado por el Concejo Municipal, que en los últimos tiempos se ha convertido en un órgano aplaudidor”, denunció el funcionario defensorial.
