El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, iniciará un proceso legal contra la Alcaldía de La Paz por usurpación de competencias en el caso de la elevación de la base imponible del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles. La municipalidad dice que asumirá su defensa.
El anuncio lo hizo ayer el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, durante una entrevista en el programa El pueblo es noticia, que se difunde todos los domingos por la red estatal de medios de comunicación.
“El Ministerio de Economía y Finanzas está preparando el recurso legal” porque la municipalidad “está usurpando competencias del Gobierno nacional”. “Le vamos a iniciar un proceso a la Alcaldía de La Paz porque no puede ser que quiera tener una competencia claramente del Gobierno nacional”, enfatizó Arce.
El Concejo Municipal de La Paz aprobó el 15 de marzo la norma que actualiza la base imponible del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, que se elevará en 37% para equiparar el valor catastral con el valor comercial de la vivienda, lo que afecta al Impuesto Municipal a las Transacciones Onerosas (IMTO).
ILEGALIDAD. El titular de Economía denunció el jueves que en esta elevación se incurre en una ilegalidad constitucional porque invade competencias del Órgano Ejecutivo, al gravar las transferencias por “leasing”. También afirmó que la municipalidad no midió el impacto que tendrá esa medida sobre la economía de los paceños.
Arce insistió ayer en que esa cartera de Estado envió un informe técnico a la Alcaldía de La Paz, antes de que apruebe el “impuestazo”, en el que hizo dos observaciones a la norma, una referida a la invasión de competencias y otra referida a que no midió el impacto social y económico.
La autoridad gubernamental aclaró que su despacho en ningún momento avaló la aprobación del “impuestazo” municipal, como se quiso hacer creer desde esa entidad, porque subir tributos es una atribución que se enmarca en su autonomía, siempre y cuando no invada competencias nacionales o departamentales.
“No es tanto el impuesto que se paga por la propiedad de la vivienda, que lo define el municipio, sino tiene que ver cuando la persona tiene que vender. Ahí se impone el impuesto a la transferencia, (de dominio nacional, que) aún no se nota, (pero) mañana cuando (las personas) paguen más por la transferencia nos darán la razón”.
También recordó que en 2015 el Tribunal Constitucional le dio la razón al Órgano Ejecutivo sobre la competencia nacional del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles. “Confundimos papas con manzanas, pero el alcalde (Luis Revilla) no reconoce eso (…) No sé qué medidas legales harán, quizá nuevas normativas y teoría de derecho”.
Sobre el tema, el director general de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de La Paz, Fernando Velásquez, dijo que la medida aprobada por el Concejo Municipal “está plenamente respaldada” y que en caso de que el Gobierno presente un recurso legal, la municipalidad responderá a esas acciones. “Estamos actuando dentro de la legalidad”, aseguró el funcionario.
“Hemos subido el valor catastral y casi lo hemos equiparado al valor comercial, aunque no se puede equiparar un valor con el otro porque el valor del mercado fluctúa (…) Es cierto que hemos subido el valor catastral hasta el 200%, es verdad, pero lo que es mentira es que haya habido un incremento a la transferencia o a los bienes inmuebles”, manifestó.
También remarcó que la gente que compra un departamento o casa mediante un préstamo bancario es la que paga correctamente el impuesto y no así la que compra al contado porque hace un contrato ficticio con el vendedor para pagar menos.
Compra y venta de inmuebles
Ficticio
“La gente que compra con dinero al contado no acude a un perito y hacen un contrato interno (con el vendedor) señalando que ese inmueble, en lugar de declarar su verdadero precio (unos $us 150.000), lo declaran como si costara $us 50.000 y hacen un documento ficticio y pagan ese valor a la transferencia”, explicó el Director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía paceña.
Injerencia
“Ésta sí que es una injerencia y usurpación de la Alcaldía de competencias del Gobierno nacional en la Constitución y la Ley de Impuestos y (que fueron) resueltas en una sentencia del Tribunal Constitucional”, afirmó Arce.
