El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentará en 10 días un recurso legal contra el gobierno local de La Paz, que en una reforma de la Ley de creación de impuestos municipales (Ley 171) incorporó como tributo edil el que grava las transferencias por leasing efectuadas por las empresas, se informó.
“Estimo que la siguiente semana vamos a dar la información”, dijo la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, entrevistada ayer por la red ATB. Ríos precisó que la Alcaldía persiste en cobrar ese impuesto cuando tiene carácter nacional, según el artículo 323 de la Constitución Política del Estado y la Sentencia Constitucional 048/15 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Se ha emitido una sentencia el 26 de marzo de 2015 porque ésta es una atribución del Gobierno nacional y no municipal. El Tribunal nos dio la razón y no hay otro recurso”.
El lunes 21 de marzo, el alcalde Luis Revilla informó que este tributo, que estaba en el ámbito municipal, les fue quitado a las alcaldías mediante un decreto supremo, cuya ilegalidad fue demandada por su administración. Y pese al fallo en contra, sostuvo que el caso no está cerrado.
La viceministra advirtió que la Ley 171 podría provocar que las empresas se vean ante el dilema de pagar dos impuestos: uno a la Alcaldía y otro al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Por otro lado, respecto a cómo se iba a cristalizar la petición del presidente Evo Morales, de tomar medidas para proteger la economía del pueblo frente al “impuestazo” edil, la Dirección de Comunicación de esa cartera ministerial solicitó un cuestionario. Jaime Vera, presidente de una de las dos federaciones de juntas vecinales afines al partido de gobierno, anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el TCP.
