Por haber mantenido nexos laborales con la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra en el pasado, los fiscales Oswaldo Tejerina y Cándido Blanco fueron apartados de la investigación de la compra de un Centro de Monitoreo Móvil (CMM), compuesto por una miniván acondicionada y un dron.
En esa adquisición el gobierno local invirtió Bs 3,7 millones. El fiscal departamental Gómer Padilla posesionó en su lugar a los fiscales anticorrupción Iván Ortiz y Fanny Alfaro.
En este caso hay cuatro personas con medidas sustitutivas a la detención preventiva: María Isabel B., administrativa; el teniente Ernesto P. y Jhonny H., exfuncionario administrativo, quienes conformaron la comisión calificadora, además de Carlos P., propietario de la empresa Army Security, proveedora del artefacto.
Para el 7 de abril está previsto que preste declaraciones José Canudas, exsecretario de defensa de la municipalidad. “El escándalo saltó a la palestra pública a principios de año, después que la Policía rechazara el CMM, adquirido en 2015, porque no cumplía las especificaciones técnicas.
El jefe de bancada del MAS en el Concejo, Édgar Montaño, anticipó que pedirá un informe a la Fiscalía General del Estado. “Creemos que hay lentitud, y hasta ahora se ha convocado a subalternos y no a las cabezas como el alcalde Percy Fernández”, declaró.
