Representantes del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas de Bolivia y del Consejo Intersectorial de Perú se reunieron en Puno el 31 de marzo de este año, y definieron tomar acciones para luchar contra esos delitos, en particular en la mina La Rinconada.
En 2015 el presidente Evo Morales y su par peruano Ollanta Humala firmaron un convenio destinado a luchar contra estas redes delincuenciales.
Mesas. El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, informó que se instalaron cuatro mesas.
“La primera, para la prevención, que decidió generar material de promoción similar en ambos lados de la frontera; la segunda, para capacitar a los operadores de justicia; la tercera, destinada a generar persecución policial solo en el caso de redes; y la cuarta, cuyo fin es trabajar en un mejor relacionamiento”.
A este encuentro binacional acudieron por Bolivia representantes de los 11 ministerios que integran el Consejo, de la Defensoría del Pueblo y de la Pastoral de Movilidad Humana.
Entre el 30 de marzo y el 2 de abril de 2015 una comisión de la Defensoría del Pueblo encabezada por Gregorio Lanza, en coordinación con Luz Herquinio Alarcón, representante de la Defensoría del Pueblo de Puno, visitó La Rinconada, que tiene unos 50.000 habitantes.
En los 300 locales nocturnos de esta localidad —como Las Gatitas, Las Polleritas, Full Vaso, Las Estrellas, Plan B y Brindis—hay bolivianas que ejercen la prostitución, las que “muy probablemente son víctimas de trata”, dijo entonces la Defensoría.
En julio de 2015, Melania Torrico, entonces responsable de la Dirección General de Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno, reveló que en ese poblado había 2.500 bolivianas “víctimas de las organizaciones criminales de tratantes”.
La directora nacional de Trata y Tráfico del Ministerio de Justicia, Ximena Fajardo, dio cuenta de que en 2012 se repatrió a 15 víctimas desde este centro minero, siete eran menores de edad. En 2014, dos niños fueron rescatados del mismo lugar, y en 2015, otros dos infantes.
Las agencias de empleo no han sido reguladas
Han pasado tres años y nueve meses desde la promulgación de la Ley 263 o Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas —13 de julio de 2012— y hasta la fecha el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no presentó el reglamento destinado a regular a las agencias privadas de empleo.
¿Por qué la demora? La Razón buscó la contraparte y solicitó una entrevista con las autoridades ministeriales a través de su Dirección de Comunicación, aunque sin ningún resultado.
El artículo 25, inciso I) de la norma dispone que Trabajo: “mediante reglamentación específica determinará los requisitos para su funcionamiento, derechos, obligaciones, inspecciones, prohibiciones y sanciones”.
En el II) manda que todos los casos de intermediación laboral que se originen en territorio boliviano, cuyo destino sea el exterior del país, deben necesariamente ser autorizados y registrados por esa repartición estatal.
La Ley 263 también establece que estas empresas bajo ningún concepto podrán retener los documentos de los trabajadores que sean enviados al exterior, suscribir acuerdos de exclusividad, ni otorgarles anticipos en dinero o en especie. El pago por los servicios de la empresa deberá ser cancelado exclusivamente por el empleador, ordena.
Norma. “El artículo 25 requiere un análisis y el Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas lo está analizando, y el Ministerio de Trabajo también lo está viendo; lo que nos preocupa en particular son las agencias eventuales”, explicó Diego Jiménez, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales.
El Consejo Plurinacional contra ambos delitos destacó que existen casos en los que las víctimas de explotación laboral y sexual fueron captadas por esas oficinas.
Para la pronta elaboración del reglamento, el organismo nacional recomendó que el Ministerio de Trabajo coordine junto con sus pares de la cartera de Justicia.
