Con el argumento de que es una prueba en el proceso penal en contra de la empresa Álvarez Ltda. Construcciones Civiles, la Fiscalía impidió que la Alcaldía de Cochabamba demuela el distribuidor vial, ubicado entre las avenidas Independencia y 6 de Agosto, que colapsó en 2015. La medida ocasionó que cívicos y transportistas convoquen a un paro este miércoles.
El fiscal departamental Ever Veizaga indicó que “el puente es un elemento probatorio valioso y no podemos permitir que esta prueba se destruya. Pretenden hacer desaparecer una prueba”, denunció y explicó que la obra debe mantenerse intacta para ser sometida a nuevos peritajes.
Para impedir la demolición, el Ministerio Público acudió a la fuerza pública. El puente vehicular, inaugurado en octubre del año pasado por el alcalde de entonces Edwin Castellanos (MAS), se hundió cuando un bus lo atravesaba.
Veizaga informó que la jueza 1ª de Instrucción Anticorrupción, Susana Céspedes, anuló un peritaje efectuado en marzo de este año, que fue presentado como anticipo de prueba. El experto contratado por el Instituto de Investigaciones Forenses no habría efectuado su labor según los requerimientos solicitados, por lo que la pericia debe repetirse, dijo.
El derribo debía comenzar a las 07.00 de ayer, sin embargo, un contingente policial evitó el ingreso de la maquinaria y de los obreros municipales. “Tenemos una orden emitida por autoridad competente para cuidar la integridad del puente”, manifestó el coronel Marco Encinas, subcomandante de la Policía.
Vecinos y choferes se reunieron con autoridades ediles y decidieron realizar un paro el miércoles. Los primeros aseguran que la estructura en pie pone en riesgo sus inmuebles.
