Los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) pidieron ayer a las instancias judiciales frenar el protocolo del “aborto impune” porque lo consideran inconstitucional. Salud no se pronunció sobre el tema. Activistas rechazaron la posición de la Iglesia.
“Es urgente que las instancias judiciales correspondientes se pronuncien sobre la inconstitucionalidad de ese protocolo y reconozcan el derecho a la vida del niño por nacer, la objeción de conciencia de los médicos y la opción de abstenerse de practicar un aborto en cualquiera de sus fases”, señala el pronunciamiento de la 101 Asamblea de Obispos, realizada entre el 11 y 12 en Cochabamba.
El 14 de febrero de 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia 0206, que ratifica la penalización del aborto pero elimina el requisito de una autorización judicial para el “aborto impune”, que se da cuando el embarazo es producto de una violación, la vida de la madre está en riesgo, y cuando es producto de estupro o incesto. (Ver infografía)
Dichas excepciones están contempladas en el artículo 266 del Código Penal. En noviembre de 2015, el Ministerio de Salud aprobó mediante resolución el Modelo de Atención Integral de Violencia Sexual en los Centros de Salud, que posee un protocolo y procedimiento para la interrupción legal del embarazo en hospitales.
Este protocolo fija un plazo de 24 horas para concretar el aborto legal, tras la presentación de la denuncia. En caso de que el profesional se ampare en el derecho a la objeción de conciencia, es el jefe del área o director del nosocomio quien debe garantizar el legrado.
NORMAS. La Iglesia calificó de inconstitucional la resolución ministerial que da vigencia al protocolo, basándose en el artículo 15 de la Carta Magna, que señala que “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física (…)”. “El Ministerio de Salud envió a los hospitales y centros de salud la Resolución 1508 con el protocolo para la práctica, de la así pretendida ‘interrupción del embarazo’ (…) Consideramos que además de inconstitucional, no solo niega el derecho a la vida del niño concebido, sino que pone en peligro la salud de la madre (…) El caso es aún más grave porque obliga a los médicos a practicar el aborto, hecho que viola la libertad y el ejercicio de la profesión médica”, señala el pronunciamiento.
En el Ministerio de Salud indicaron que la titular del área, Ariana Campero, aún no se pronunciaría sobre el tema. En tanto, las activistas por los derechos de las mujeres rechazaron la crítica al protocolo. Patricia Bráñez, de la Campaña 28 de Septiembre, recordó a las autoridades de la Iglesia Católica que Bolivia es un Estado laico. “Ellos no tienen por qué meterse a opinar sobre la política o las leyes para evitar más muerte de mujeres.
Moira Rimassa, miembro del Colectivo Rebeldía y del Pacto Nacional, sostuvo que “el país no se legisla con la Biblia o con el nuevo testamento, sino con la Constitución Política del Estado, que establece que todos los bolivianos tienen garantizados sus derechos sexuales y reproductivos, y parte de todo esto es el poder decidir”.
La feminista Patricia Flores dijo que “de manera recurrente y a lo largo de la historia, la Iglesia Católica siempre ha ido objetando y pretendiendo decidir sobre el cuerpo de las mujeres y de condenarnos bajos sus principios judeocristianos. El protocolo será defendido”.
Embarazos y Legrados ilegales
Situación
La demanda de la despenalización del aborto está relacionada con los 90.000 embarazos adolescentes que se registran en la región cada año. En el país las cifras son altas, según un reporte de la Organización Mundial de la Salud.
Ilegal
Un estudio realizado por la organización no gubernamental Gregoria Apaza estimó que cada día 185 mujeres se someten a legrados ilegales, la mayoría llega a hospitales para la atención de emergencia, muchas mueren.
Piden tratar la despenalización
Aleja Cuevas
Activistas exigen que las propuestas sobre despenalizar el aborto ingresen a la agenda de la Asamblea Legislativa. Miembros del Pacto Nacional presentarán una postura escrita en la Cumbre de Seguridad Ciudadana denominada “Descriminalización social del aborto”.
“La propuesta de la despenalización del aborto debe estar con prioridad en la agenda de la Asamblea Legislativa y, principalmente, en la Comisión de Derechos Humanos”, indicó la activista Patricia Flores, a tiempo de señalar que existen documentos sobre el tema que fueron enviados al Legislativo.
Moira Rimassa, miembro del Colectivo Rebeldía y de Pacto Nacional, recordó que presentaron una propuesta de despenalización del aborto en 2015 y este año. Flores recordó que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza los derechos sexuales de las mujeres. “Cualquier consideración de tipo religioso y culturalista no son válidos porque los derechos humanos están por encima de ambos”.
Rimassa informó que la organización Pacto Nacional presentará hoy la postura escrita sobre el aborto a la Cumbre de Seguridad Ciudadana por tratarse de un tema que está criminalizando a la mujer. “Se la quiere sancionar por su decisión de ser madre o no”.
