El frío, la lluvia, el mal de altura y sus desvencijadas sillas de ruedas no han sido obstáculo para las cientos de personas con discapacidad que desde hace un mes recorren los 383 kilómetros que separan Cochabamba de La Paz para pedir al Gobierno boliviano que aumente la ayuda que reciben.
Los participantes en la protesta sólo cuentan con la ayuda de algunos vehículos para mover sus enseres y con la buena voluntad de las comunidades que quieren acogerlos y proporcionarles alimentos y refugio.
En la actualidad, el bono que perciben las personas discapacitadas en Bolivia es de 1.000 bolivianos (unos 142 dólares) al año, y con esta medida de protesta demandan que se les otorgue una renta mensual de 500 bolivianos (poco menos de 75 dólares).
«Viviré poco tiempo, pero mi pensamiento y lucha es por esas vidas que viven entre cuatro paredes», dice a Efe Berta Mena, una mujer que inició la marcha en Cochabamba (centro), a bordo de su silla de ruedas.
Hace un mes que avanzan por las precarias carreteras del país, a razón de 8 horas y alrededor de 10 kilómetros por día.
Mena se encuentra en un aula del colegio de Ayo Ayo habilitada para refugio de la protesta, a 70 kilómetros de La Paz, con otros compañeros que descansan sobre sus sillas de ruedas o muletas.
La parada les permite reponer fuerzas en la etapa actual, en que la marcha discurre por el inhóspito altiplano boliviano, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar.
También hay quien, como Edgar Ramos, carece de discapacidad pero acompaña o representa a sus familiares.
En el día en que Efe acompañó la marcha, la lluvia impidió a los participantes reanudar su camino y por falta de espacio algunos tuvieron que dormir en tiendas de campaña en el patio.
El suelo está encharcado y embarrado, de modo que quienes van en silla de ruedas necesitan ayuda para moverse.
La esposa de Ramos, Carmen Curssiscuni, tiene una discapacidad motora del 75 %. Su marido insiste en la reivindicación de la renta mensual, entre otros motivos porque estas personas no pueden ganarse la vida.
«Está mal informado el Gobierno de que pueden trabajar», dice Ramos, quien precisa que su mujer «necesita ayuda para todo»: «Ni siquiera sus bracitos levanta».
El clima y la necesidad de secar tiendas y colchones también permiten que quienes participan en la marcha tengan un día para descansar y recuperarse de sus dolencias.
La auxiliar de enfermería Meli Mamani y la médica Daniela Belén Rojas apoyan la marcha desde el servicio municipal de salud, proporcionando a los participantes medicamentos básicos.
Los achaques más comunes son dolores articulares, lumbalgia, resfriados y gastroenteritis, relatan.
Desde el inicio de la marcha varias personas han tenido que abandonar por problemas de salud, aunque otras se han incorporado y ya son más de 200.
En el aula donde reposan, una mujer se queja de que no tiene los medicamentos que le corresponden y muestra fotocopias de los documentos que acreditan su dependencia y la de su hermana. Proviene del departamento de Oruro (oeste), se llama Patricia Salazar y acredita una discapacidad psicológica del 62 %.
Precisamente una de las quejas del colectivo es que la renta estatal no alcanza para cubrir el costo de los medicamentos que necesitan.
El olor a hoja de coca flota en el ambiente, donde varios hombres mascan la planta para combatir los rigores del cansancio y la altura.
Un hombre apoyado en muletas, Iván Mamani, defiende su derecho a la renta y su aportación a la economía y al fisco boliviano. Él trabajaba en la ciudad de El Alto -aledaña a La Paz- con una empresa de productos lácteos que, según su relato, lo botó «por discapacitado».
Entre reuniones de los marchantes procedentes de distintos departamentos y grupos de personas que charlan, leen y comen, un grupo de estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de El Alto se acerca para compartir un té con los movilizados.
En el centro del patio del colegio, un perro que acompaña la marcha desde el departamento de Cochabamba disfruta de algunos rayos de sol. Es la mascota de la protesta y se llama «Renta».
Tras tres intentos de diálogo frustrado con el Gobierno -que argumenta que multiplicar por seis el subsidio es inviable y habla de políticas «integrales» para el colectivo, que fomenten también la inclusión laboral-, las más de 200 personas avanzan hacia La Paz, adonde esperan llegar la semana que viene.
