Un lugar en comodato, un perfil de diseño y el aval de una organización del sector son algunos papeleos burocráticos que requieren las personas con discapacidad para acceder a proyectos productivos del Gobierno. Ellas aseguran que se trata de la principal traba.
Una persona con discapacidad, quien pidió guardar su nombre en reserva por temor a represalias, se inscribió junto a otras 29 personas a un curso de capacitación de textilería (uno de los requisitos para acceder al plan productivo) en 2011. Pasaron seis años y hasta ahora el grupo no recibe la subvención.
La Ley del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE), promulgada en 2008, estableció la asignación anual de Bs 40 millones, provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN), a favor de las personas con discapacidad.
El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, explicó que el 50% de estos Bs 40 millones se destina a la renta solidaria anual de Bs 1.000 para personas con discapacidad grave y muy grave. En 2015 el bono llegó a 22.112 beneficiarios. El otro 50% se va a la inversión de 41 proyectos: cuatro de educación, ocho de salud y 29 relacionados a lo productivo y orientados a tres áreas: textilería, panadería y carpintería.
Estos últimos consisten en equipar un negocio para personas con discapacidad, darles capacitación y cierto capital para la materia prima. El objetivo es generar empleos para este sector poblacional.
Otro miembro del grupo de 29 personas que aguarda la subvención explicó que luego de los cuatro meses del taller les exigieron una infraestructura propia o entregada en comodato, una personería jurídica, un plan del negocio y un aval de su federación. Tras seis años le indicaron que aún faltan algunas firmas, pese a que todos entregaron los papeles requeridos.
Requisitos. Uno de los técnicos del FNSE, Javier Quispe, admitió que hay una serie de requisitos complicados, pero aseguró que el tiempo máximo de espera es de tres meses. “Muchas veces tarda un poco, por no tener personería jurídica o representante legal, pero el tiempo varía según el departamento, puede ser de uno a tres meses”.
Para Álex Vásquez, dirigente de personas con discapacidad de Chuquisaca, es casi imposible que un discapacitado consiga por si solo una propiedad en comodato y una personería jurídica.
Agregó que si un grupo de 30 personas logra tener un proyecto productivo, como una panadería, la ganancia no abastece para todos. La Unidad de Discapacidad de Rehabilitación y Habilitación Biopsicosocial, del Ministerio de Salud, indicó que hasta 2015 se registraron 61.447 discapacitados, y 51.560 de ellos tienen su carnet.
La implementación de los 41 proyectos, haciendo énfasis en los referidos a Educación, es el principal argumento del Gobierno en contraposición a la demanda de la caravana de personas con discapacidad, que hace 34 días avanza de Cochabamba a La Paz en busca de un bono mensual de Bs 500. Los marchistas tienen previsto llegar mañana a la sede de gobierno.
En reiteradas ocasiones, Durán sostuvo que el pedido es “inviable” porque llegaría a los Bs 320 millones anuales, superando el presupuesto de 40 millones. Durante el último mes hubo tres intentos de diálogo fracasados.
La Federación de Personas con Discapacidad La Paz está dividida, mientras unos apoyan la caravana otros participan de negociaciones con el Órgano Ejecutivo. El primer grupo insiste en negociar la renta.
Protesta. Dirigentes que encabezan las movilizaciones por la renta mensual. Foto: Luis Salazar
‘Se incumple la inserción laboral’
Aleja Cuevas
Otra cuestionante es el incumplimiento del 4% de contratación del personal con discapacidad, respecto al total de la nómina, en todas las instituciones públicas.
El dirigente de personas con discapacidad de Chuquisaca, Álex Vásquez, aseguró que de las 52.000 personas que cuentan con carnet de discapacidad, menos del 1% trabaja en instituciones del Estado, según los datos recogidos por la Confederación de Personas con Discapacidad.
Agregó que el 50% de ese 1% no sabe leer ni escribir, y que el resto apenas cursó la educación primaria. “Falta capacitación”.
El artículo 2 del Decreto Supremo 27477, de 2004, promueve, reglamenta y protege la incorporación preferente, ascenso y estabilidad de las personas con discapacidad en el mercado laboral, en una proporción mínima de 4% con relación a la nómina total de trabajadores de todas las instituciones públicas.
Datos de la Dirección General de Empleo señalan que hasta 2013 hubo 409 personas con discapacidad en oficinas públicas.
Piden una mejor valoración de la discapacidad
Aleja Cuevas
Los marchistas de la caravana que demandan un bono mensual de Bs 500 exigieron una adecuada calificación del tipo de discapacidad. Actualmente, Santa Cruz concentra el mayor número de personas con clasificación grave (2.707), según los registro de Ministerio de Salud.
“Hay personas que no manejan bien la calificación, y eso afectó para percibir hasta el bono anual”, aseguró Alejandra Rivera, quien es parte de la movilización que partió el 21 de marzo de Cochabamba, rumbo a La Paz.
El bono anual de Bs 1.000, otorgado desde 2012, solo llega a personas con discapacidad grave y muy grave. Mientras que las que alcanzaron el nivel leve y moderado gozan de descuentos en transporte público y otros.
Rivera es psicóloga de profesión y fue parte del equipo de calificadores en Cochabamba por tres años. Ella señaló que el personal especializado se fue perdiendo con el pasar de los años. “En la actualidad realmente la calificación es pésima”.
El 25 de agosto de 2006 se promulga el Decreto Supremo 28521, que dio luz verde al Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad en Bolivia.
En 2007 se registró a 55.000 personas con discapacidad y se prevé que este número suba a 63.000 para este año. Esta cifra podría corresponder al 30% de los 388.119 personas con algún tipo de discapacidad que se contabilizaron en el Censo 2012.
A partir de la Resolución Ministerial 0840, del 30 de noviembre de 2006, se reconoció como instrumento de calificación oficial a los Baremos de Valoración, que es una evaluación del daño corporal.
Deymar Willca, jefe de la Unidad de Rehabilitación y Biopsicosocial, del Ministerio de Salud, indicó que un equipo conformado por un médico general, un psicólogo y un trabajador social hacen la calificación.
Samuel Cabrera, dirigente de las personas con discapacidad de Santa Cruz, considera que debe estar presente un veedor discapacitado durante la calificación para evitar susceptibilidades de una mala prueba.
El dirigente de Tarija, Moisés Choque, denunció que todo ello es para evitar el pago de Bs 1.000. En Bolivia, hay 12.783 personas con calificación muy grave y 28.807 como grave.
