Al menos 200 inmuebles de la parte media y alta de Jupapina, barrio donde en febrero hubo un deslizamiento, “están en riesgo” porque el área no fue estabilizada, alertó ayer el subalcalde de Mallasa, Eduardo Campero.
“No nos dejaron estabilizar la zona con la maquinaria”, explicó la autoridad, en referencia a comunarios de Mecapaca, quienes hace un par de semanas efectúan una vigilia en el ingreso a Mallasilla, a la altura de la clínica Talentum. La jurisdicción sobre este vecindario es disputada por las alcaldías de La Paz y Mecapaca.
El 27 de febrero, un deslizamiento dañó ocho viviendas en la parte baja de Jupapina, cerca del río La Paz. El 4 de abril, personal de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR), con el apoyo de maquinaria pesada, se dirigió a la zona para estabilizar el talud, pero comunarios y personal de la municipalidad contraria les prohibieron el ingreso.
“Nos cercaron e impidieron que hagamos la estabilización. El sector está en alto riesgo”, insistió Vladimir Toro, titular de la SMGIR. La Razón se comunicó con Pedro Cusi, asesor jurídico del gobierno local vecino, quien negó que los dos centenares de inmuebles que están encima del área deslizada estén en riesgo.
Retorno. “Eso es mentira, nosotros estamos controlando el sector y recibiremos recursos del Gobierno (nacional) para estabilizar el lugar”, añadió. Rosmery García, una de las vecinas que sufrió la pérdida de su vivienda, aseguró que no aceptarán que la Alcaldía paceña haga la estabilización. “Todo lo debe hacer Mecapaca y no La Paz”, apuntó. Tanto ella como otros damnificados, que fueron evacuados por la SMGIR, retornaron a sus terrenos.
El 7 de abril, las alcaldías de ambos municipios rompieron el diálogo de límites que habían iniciado debido a la violación de la pausa administrativa —vigente desde 2010— efectuada por la municipalidad vecina, que al ingreso de Mallasilla colocó un cartel de: “bienvenido a Mecapaca”.
El 12, la Gobernación anunció la presentación de un acta de no conciliación y un informe técnico, requisitos para que el Ministerio de Autonomías redacte un anteproyecto de ley de referéndum para dirimir el asunto. Sin embargo, Remberto Katari, director de límites del gobierno departamental, quien tenía 10 días para emitir el informe y el acta para activar la consulta, no pudo decir si lo había hecho o no.
