La inmediata inserción laboral de al menos 500 personas con discapacidad, la entrega de 920 viviendas, el análisis jurídico de la libre internación de medicamentos y la entrega, en 90 días, de un reglamento para créditos de vivienda social y productiva, forman parte del Acta de Acuerdo alcanzado esta tarde entre el Gobierno y parte de las personas con discapacidad no movilizadas.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que se logró acuerdos importantes y aseguró que algunos serán implementados en el menor tiempo posible como la inserción laboral en el sector público.
“Vamos a desarrollar en el menor tiempo posible una inserción laboral en el Gobierno Nacional, en lo que corresponde a los ministerios. Los 21 ministerios tenemos la obligación de incorporar el 4% de personas con discapacidad”, indicó.
Un grupo de ministros y la dirigencia departamental de las personas con discapacidad iniciaron un diálogo por tiempo y materia ayer. Declararon un cuarto intermedio en la madrugada de hoy y en la mañana retomaran las negociaciones que culminaron en horas de la tarde con un acuerdo de 42 puntos.
Paralelamente el grupo que marchó desde Cochabamba protagonizó incidentes cerca a la plaza Murillo, centro del poder político, en demanda de un bono mensual de Bs 500.
La ministra de Salud, Ariana Campero, fue la responsable de dar lectura al acta que incluye 42 puntos en las áreas de educación, vivienda, salud, educación, empleo y productividad.
En Educación, el acta establece la implementación de una educación sociocomunitaria en casa; escuela para padres y madres de estudiantes con discapacidad; titulación en ramas técnicas para su inserción laboral; y capacitación de maestros e ítems para profesores en educación especial, entre otros. También fue aprobada la creación del Comité Consultivo de la Educación Inclusiva a nivel nacional y departamental.
“Se establece que se comenzará el diseño de programas destinados a estudiantes con discapacidad múltiple, autismo y síndrome de Down”, indicó Campero, quien señaló que otro punto acordado es el registro y formación de intérpretes del lenguaje de señas.
En cuanto a Vivienda, el Gobierno se comprometió a entregar este año 920 viviendas.
En el área de emprendimientos productivos, los acuerdos prevén la coordinación de la implementación y proyectos productivos. “El Ministerio Productivo a través del CEMSE y coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo implementará el sello ‘Hecho en Bolivia’ a los productos obtenidos de las iniciativas productivas de las personas discapacitadas”, señaló Campero.
En salud, el acta establece el despliegue de una campaña comunicacional para el trato preferente a los beneficiarios, un estudio de factibilidad para determinar la posibilidad de otorgar un carnet indefinido a personas con discapacidad grave y muy grave, y el trabajo en un plan de señas para la atención médica.
“El Ministerio de Salud realizará un estudio de factibilidad y pertinencia para poder incluir algunos medicamentos que no se encuentren en el Listado Nacional de Medicamentos Esenciales”, dijo la Ministra de Salud.
En materia de empleo, establece la creación de una comisión para garantizar la inserción laboral en el sector público y privado, además de la ejecución de un plan de incorporación de personas con discapacidad y de familiares y tutores de personas con discapacidad grave y muy grave para cumplir el 4% de inserción laboral, requerido por ley.
“Se dará inicio de forma inmediata a la capacitación técnica laboral de 500 personas con discapacidad, incluye un salario mínimo nacional en empresas públicas o privadas”, anunció Campero.
El acta también menciona que en un plazo de 90 días la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) entregará un reglamento de créditos de vivienda social y productiva.
Paralelamente a la firma del acuerdo, otro grupo de personas con discapacidad hacía vigilia en plaza Murillo luego de intentar por segunda vez ingresar al centro del poder político en demanda de un bono mensual de Bs 500, que el Gobierno desahució por afectar a la economía nacional.
Quintana reiteró que el Gobierno invitó en 15 ocasiones a las personas movilizadas. Dijo que espera que ese sector reflexione y acoja el acuerdo logrado.
