El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social presenta el Plan Nacional de Inserción Laboral, consistente en capacitación en una fuente laboral, pública o privada, para 500 personas con discapacidad, en el marco de la celebración del Primero de Mayo.
La capacitación tendrá una duración de seis meses, durante los cuales el beneficiario recibirá un salario de 1.805 bolivianos al mes, con posibilidad de contratación como trabajador de planta de las entidades en las que recibirá la formación.
El plan quiere ejecutar uno de los puntos de acuerdo firmado entre el Gobierno y las organizaciones de personas con discapacidad durante las negociaciones
Un comunicado de prensa del Ministerio detalla que las personas con discapacidad, mayores de edad, podrán registrarse a partir del 3 de mayo en las Bolsas de Trabajo, en las jefaturas departamentales de las ciudades capitales de departamento y en las jefaturas regionales de trabajo de El Alto, Montero y Tupiza.
La inversión para ejecutar el Plan alcanza los 5 millones de bolivianos, 4.968.000.
Adicionalmente, el ministro Gonzalo Trigoso anunció la fiscalización al sector público y privado para que den cumplimiento a los derechos laborales de las personas discapacitadas.
«Obviamente vamos a aplicar medidas coercitivas, no queda otra opción (…) nosotros vamos a procesar penalmente por incumplimiento de deberes, lo establece el Código Penal y fácilmente podemos avanzar», explicó en el programa El Pueblo es Noticia.
Indicó que las instituciones deberán presentar un informe de sus planillas con datos completos «para evitar que exista esa duda» de incumplimiento del Decreto Supremo 29608, de junio del 2008, que establece la protección a las personas con discapacidad en el ámbito laboral que deben ocupar 4% del porcentaje de la planilla salarial de todas las entidades públicas y privadas.
«Esta semana se desplazará personal del Ministerio de Trabajo a las ciudades capitales de departamento para coordinar con las Federaciones Departamentales de Personas con Discapacidad, y pedirles los documentos de sus afiliados», remarcó con el objeto de establecer el universo de las personas discapacitadas en edad laboral en Bolivia
«De las alcaldías y los gobiernos municipales no tenemos información, porque están ignorando la obligación que tienen de informar al ministerio de Trabajo», denunció.
