La periodista boliviana Amalia Pando ha solicitado protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante las «amenazas» de juicio y cárcel que el Gobierno hizo contra un grupo de informadores a los que considera que son parte de una conspiración contra el presidente Evo Morales.
«He pedido protección en mi labor periodística, no sé si me la dé, no sé si me la conceda, pero creo que es un derecho que tengo ante la cadena de amenazas del Gobierno, amenazas de procesarnos y meternos presos», sostuvo Pando este martes en su canal de YouTube.
Pando, que fue Premio Rey de España en 1992, y otros medios y periodistas fueron acusados por funcionarios gubernamentales de haber mentido sobre el caso que involucra a la expareja del presidente Morales, Gabriela Zapata.
Zapata está detenida en prisión acusada de varios delitos, entre ellos el de supuesto enriquecimiento ilegal usando bienes del Estado, pero también de haber cometido el engaño de presentar ante una jueza a un niño como si tratara de un hijo de Morales.
Según el Gobierno, el tratamiento informativo del caso buscó perjudicar a Morales y provocó su derrota en el referendo del pasado 21 de febrero cuando una mayoría rechazó en las urnas su intento de modificar la Carta Magna para volver a ser candidato en 2019.
Pando dijo que seguirá tratando el caso Zapata porque tiene una veta periodística ya que la mujer fue gerente comercial de la empresa china CAMC, que se adjudicó contratos con el Estado.
«El gobierno considera que cualquier investigación sobre esta materia es un delito porque para el gobierno la libertad de expresión es un delito», sostuvo la informadora.
Explicó que también solicitó a la CIDH protección para su compañera de trabajo, la periodista Roxana Lizarraga, y para el comentarista de televisión Carlos Valverde, quien decidió irse a Argentina ante el temor – dijo- de ser detenido y procesado.
Valverde fue quien en febrero reveló la relación de Morales y Zapata mostrando un certificado de nacimiento en 2007 del hijo.
Según admitió Zapata, el menor falleció en 2009.
El caso ha provocado que el vicepresidente, Álvaro García Linera, llame «mafia de mentirosos» a opositores y medios que reprodujeron la versión de Zapata de que el niño existía.
Según García Linera, hubo una conspiración y los responsables deberían ser encarcelados.
Además, en mayo pasado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que los diarios Pagina Siete y El Deber, la Agencia de Noticias Fides (ANF), la red de emisoras Erbol, Pando y el periodista Andrés Gómez, eran parte de un «cartel de la mentira».
Los medios y periodistas rechazaron las acusaciones del Gobierno, mientras que las asociaciones de diarios e informadores han pedido respeto por la libertad de expresión y la Ley de Imprenta. (22-06-16)
