La Iglesia Católica considera que el Gobierno asume “represalias” en su contra con la disposición gubernamental de iniciar la recopilación de denuncias de pederastia que involucren a clérigos y le demanda indagar este tipo de ilícitos primero entre sus correligionarios.
La semana pasada, el vicepresidente Álvaro García Linera desveló que el Ministerio de Justicia se encarga de elaborar un registro de los casos de abusos sexuales a menores de edad en los que están involucrados jerarcas del clero. Además pidió a las familias de las víctimas de este tipo de casos apersonarse a las oficinas de esa cartera del Estado para denunciar estos hechos.
“(La medida) tienen un elemento también de represalia. Parece que son muy susceptibles, porque si trata de ver quiénes han cometido violaciones y abusos de menores yo creo que el Gobierno debería empezar por barrer su propia casa”, reclamó el juez eclesiático del arzobispado de Cochabamba, Miguel Manzanera, en declaraciones a la red televisiva Cadena A.
Un extremo que la ministra de Justicia, Virginia Velasco, no descartó pues aseguró que las sanciones para este tipo de delitos alcanzan a “todas las personas”, incluidas las autoridades del Estado.
La disposición gubernamental surgió en el ínterin de una compleja relación que sostiene el Gobierno y con la cúpula de la Iglesia Católica del país, que reflotó con la promulgación de la Ley 095 de Identidad de Género, el 21 de mayo, que autoriza a las personas transexuales y transgénero el cambio de nombres propios, datos de sexo e imagen en la documentación pública y privada vinculada a su identificación.
La Iglesia además cuestionó la intención del Ejecutivo de ampliar la pena máxima de 30 años de presidio a cadena perpetua en los casos de abusos sexuales a menores con muerte. Estos dos sucesos recativaron la tensión.
Manzanera puso en duda la veracidad de los datos que recopila el Gobierno en virtud a que “de repente hay gente que presenta denuncias falsas”, por lo que sería muy difícil establecer un registro fidedigno de clérigos residentes en el país involucrados en ese ilícito. “No creo que se pueda mostrar, al menos nunca se ha hablado de esto”, sostuvo.
No obstante, en las últimas horas, José Rivera, secretario de comunicación de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), informó al diario cruceño El Deber que existen dos procesos judiciales contra sacerdotes por “abuso deshonesto” de menores.
Ambos clérigos, cuyos nombres se mantienen en el anonimato, fueron degradados a laicos, es decir, perdieron su cualidad de sacerdotes. Uno recibió pena carcelaria y el otro proceso se extinguió.
Rivera agregó que “han sido denunciadas por parte de la gestión de la Iglesia y comunicadas al Vaticano (…) Han sido manejadas con transparencia e incluso en el Vaticano han sido consideradas como ejemplos de cómo proceder”.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, afirmó que “todos los bolivianos saben del abuso que cometen los sacerdotes” e indicó que “no tenemos un plazo, pero sí necesitamos tener esas denuncias que se han registrado en Cochabamba y en otros departamentos”.
En ese marco, reiteró el llamado a la población a sentar sus denuncias en las nueve reparticiones regionales del país.“Las puertas del Ministerio de Justicia están abiertas, en los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional, en Defensa Pública, en Sedavi (Servicio Estatal de Atención y Protección Integral a Víctimas), la ciudadanía puede acudir a estos servicios para denunciar”, precisó Velasco.
El Ministerio de Justicia además acudió a la Fiscalía del Estado para optimizar la recolección de la información. (22/06/2016)
