Desde el Gobierno y desde la oposición observaron que existe dilación en la investigación sobre el denominado caso del ex Fondo Indígena, cuyas irregularidades en la administración de los recursos económicos fueron develadas en febrero de 2015. La Fiscalía elaborá un nuevo cronograma para inspeccionar obras que tengan irregularidades en sus trámites.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, pidió a la comisión de fiscales que investiga el caso celeridad, ya que a más de un año del proceso no se vio avances. «Los fiscales tienen que ir a verificar los proyectos porque existe mucho descuido, de parte de ellos, y ocasionan la retardación», dijo.
Según publica hoy el diario La Razón, el diputado de oposición por Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, también querellante en el caso del ex Fondo Indígena, denunció que existe una dilación en el proceso de investigación y que no se hace nada para remediar este mal que afecta al Estado. Agregó que, al parecer, se encubre a algunas personas implicadas y no así a otras.
Al respecto, Ánghelo Saravia, uno de los miembros de la comisión de fiscales, informó que desde la próxima semana se desarrollará una nueva etapa de inspecciones de una gran parte de los 153 proyectos observados por la Contraloría General del Estado en 2015.
«Empezaremos con el trabajo de los más grandes proyectos, entre ellos esta la de Felipa Huanca (excandidata a la Gobernación de La Paz). También está claro que inspeccionaremos las obras de todos los imputados en el caso, es decir, al menos 20 pesronas«.
El Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados solicitará un informe oral al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, por el poco avance en el caso del Fondo Indígena, según anunció el diputado oficialista Juan Cala.
Tras un año y cinco meses de investigaciones en el caso del Fondo Indígena existen 20 personas detenidas 300 procesadas por la Fiscalía. Entre los implicados están sindicalistas, asambleístas y exautoridades de gobierno.
El caso del Fondo Indígena estalló el 14 de febrero de 2015, luego de que la Contraloría General del Estado descubriera que 153 obras no fueron ejecutadas, pese a la distribución de recursos económicos lo que causó un daño económico de Bs 71 millones. (01/08/2016)
