Periodistas avizoran una relación de respeto mutuo entre el gremio y el Gobierno, luego de que este último anunciara que retomó la confianza en la autorregulación y ponderó el fallo del Tribunal Nacional de Ética Periodística (TNEP) en contra de las periodistas Amalia Pando y Roxana Lizarraga, acusadas de emitir afirmaciones sin sustento que dañaron la imágen de una autoridad del Gobierno.
“Permiten pensar que va a haber una relación respetuosa entre las autoridades y el sector periodístico (…) el escenario que debiera abrirse es de comprensión de las respectivas funciones y de respeto profesional en ambos lados”, indicó a La Razón Digital el presidente del TNEP, Erick Torrico.
El jueves, el vicepresidente Álvaro García aseguró que el Gobierno había “retomado la confianza en las instituciones que protegen al periodista y a la verdad; que son capaces de enjuiciar a quienes mienten y denigran».
Esto, tras que se divulgara el falló parcial a favor de la denuncia planteada por la ministra de Salud, Ariana Campero, en contra de las periodistas Pando y Lizárraga, por emitir criterios e información infundada sobre su formación profesional y un presunto estado de gestación, por lo que debieron rectificar sus declaraciones.
También se conoció el dictamen de la Justicia Ordinaria en contra del periodista Humberto Vacaflor, quien fue conminado a retractarse de sus declaraciones contra el presidente Evo Morales, a quien acusó en julio de ser el responsable de la muerte de dos policías cuando fungía como dirigente cocalero.
Torrico consideró que el Gobierno no tendría que llegar a ese extremo para ponderar la idoneidad y pertinencia del Tribunal, puesto que —dijo— es algo que de hecho tendría que aceptarse, no solo en el ámbito de los decisores políticos sino en el de la colectividad en general.
No obstante, sostuvo que ese reconocimiento explícito que hizo el Ejecutivo sobre el valor de la práctica concreta que tiene la autorregulación periodística, es algo muy destacable.
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Ese criterio fue compartido por el presidente de Asociación de Periodista de La Paz, Nelson Martínez, quien también vislumbró un escenario más llevadero para la relación entre el gremio periodístico y el Ejecutivo.
“El hecho de que el Vicepresidente valore el trabajo del TNEP es una ratificación de que nunca nos hemos estado equivocados al dar como una opción a todo ciudadano el poder acercarse a esta instancia”, afirmó el representante, quien ponderó la cualidad de esta entidad.
Dijo que el gremio insistió e insistirá en que el Tribunal es la única instancia para resolver casos como los citados, en los que cualquier ciudadano, incluidas autoridades del Estado, demanden el “trato injusto” del tratamiento informativo.
Es ante ese nuevo escenario que ambos entrevistados proyectaron una reconfiguran de las relaciones entre el Gobierno y los periodistas, que se vio tensionada con una serie de acusaciones del Ejecutivo hacia lo que denomina el “cártel de la mentira”.
Al respecto, Torrico consideró que las relaciones entre ambos sectores “son siempre difíciles” y alcanzan al punto de generar una “sospecha recíproca” que “además puede ser natural”. Según el también experto en comunicación, ambos —políticos y periodistas— trabajan en relación al interés público y en el espacio público y eso les convierte en naturales competidores.
“La prensa en términos generales es una suerte de acompañante crítica de las políticas públicas y los políticos son los que definen y ejecutan esas políticas. Entonces, siempre van a tener que encontrarse y deben —en todos los casos posibles— más bien complementarse y no estar en una relación que los distancie porque daña la convivencia democrática”, sostuvo Torrico.
Ambos comunicadores coincidieron en que tanto el periodismo como el poder gubernamental deben sobreponer el servicio a la colectividad a todos los intereses particulares. “Deben tener siempre la conciencia que en realidad está sirviéndole a la colectividad o deben hacerlo y eso debiera llevar a moderar las relaciones que hay entre tales espacios”, argumentó Torrico. (30/09/2016)
