Movilizaciones y protestas caracterizaron una nueva jornada en demanda de agua en La Paz en medio de un operativo encarado por el Gobierno que no logró colmar las expectativas de los afectados. Mientras tanto, vecinos de la zona Sur, a través de un abogado, presentaron una demanda en contra de las ex y actuales autoridades de la empresa de agua.
Desde la Ceja, en el límite con La Paz, decenas de personas marcharon hasta el centro paceño exigiendo garantía de provisión del recurso, que es cortado y racionado en zonas y barrios de ambas ciudades vecinas desde el 8 de noviembre debido a la baja de los niveles de reserva en la represa de Hampaturi, principalmente.
Con estribillos como “Agua sí, chinos no”, bajó una larga columna de vecinos al centro paceño, mientras que el presidente Evo Morales sostuvo una reunión con ministros y militares, quienes asumieron la responsabilidad de coordinar la entrega de agua en cisternas en las diferentes zonas afectadas, 94 en La Paz.
«Por ahora, una solución inmediata es con cisternas. Soluciones estructurales tienen su tiempo, por eso pedí al Ejército, mediante el Ministerio de Defensa, este plan de distribución de agua por cisterna», afirmó Morales.
Los medios de comunicación reflejaron una serie de quejas en sentido de que no se cumple el cronograma de distribución de agua elaborado por la empresa EPSAS. En la noche, en la calle 11 de Obrajes, hubo un bloqueo con baldes y otros recipientes en demanda de la provisión del recurso y crítica al cronograma fijado.
El abogado Juan Carlos Camacho informó que en representación de vecinos de la zona Sur presentó una demanda penal en contra el responsable de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Víctor Hugo Rico, y al gerente de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) de La Paz, Marcel Claure.
La demanda también incluye a las exautoridades Benecio Quispe y Ruddy Rojas. “Los delitos son, básicamente, por afectación a los recursos públicos, incumplimiento de deberes y otros. Son 94 barrios afectados, están más de 10 días sin agua y el agua no es bebible”, informó el jurista en una entrevista con Cadena A.
La ministra de Salud, Ariana Campero, negó que la actual situación haya derivado en la suspensión de cirugías y aclaró que las cisternas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que distribuyen agua son nuevas, por lo que no hay ningún riesgo de contaminación como –dijo- alertaron desde algunos sectores.
El 8 de noviembre, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) instruyó el racionamiento de agua en 94 barrios, divididos en tres grupos, con cortes de 12 horas al día. El 20, decidió reducir de ocho a tres horas la dotación de agua de forma escalonada para cada zona.
