El Gobierno anunció que se alistan más acciones penales contra los responsables de la escasez del agua en las ciudades de La Paz y El Alto, que cumple 20 días y provocó la activación de planes de emergencia para la provisión a la población.
La ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira indicó hoy que estas medidas serán complementarias a la auditoría y acciones legales que comenzó el nuevo interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Humberto Claure, contra las exautoridades de la entidad Rudy Rojas y Hugo Gómez, por los delitos de incumplimiento de deberes y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
“En el marco de las competencias del ministerio, se instruyó una auditoría a la EPSAS y las acciones legales correspondientes que fueron tomadas por el nuevo interventor, y se realizan los pasos correspondientes. Igual se pidió a la AAPS (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento) realizar las acciones penales correspondientes en el marco de esta falta de cumplimiento de obligaciones”, indico en el programa “El pueblo es noticia”, de los medios estatales.
Desde el 8 de noviembre, La Paz sufre el racionamiento del líquido por la falta de previsiones de las autoridades del sector y la crisis de lluvias. Más de 100 barrios de la sede de gobierno son afectados, y los problemas se extendieron a distritos de El Alto. “La EPSAS estaba en la obligación de prever estas contingencias. Hubo falta de previsión, de planificación y de honestidad con el pueblo”, sentenció Moreira.
Vecinos de la zona Sur presentaron otra denuncia. El abogado Juan Carlos Camacho informó el viernes que, en representación de habitantes de barrios sureños, entabló una demanda penal en contra del responsable de la AAPS, Víctor Hugo Rico, y el interventor de la EPSAS.
La demanda también incluye a las exautoridades Benecio Quispe (AAPS) y Ruddy Rojas (EPSAS El Alto). “Los delitos son, básicamente, por afectación a los recursos públicos, incumplimiento de deberes y otros. Son 94 barrios afectados, están más de 10 días sin agua y el agua no es bebible”.
Eso no es todo. El senador opositor Yerko Núñez se querelló contra la ministra Moreira por los presuntos delitos de afectación a la salud pública e incumplimiento de deberes.
El vicepresidente Álvaro García adelantó el jueves que se identificaron “fallas” en el manejo de la situación por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y que se “reordenará la casa” una vez se solucione la escasez de agua, ya que en este momento es necesario atender la crisis con el equipo disponible.
