Bolivia, que es el segundo país de América Latina con más violencia sexual y donde se producen 185 abortos clandestinos al día, solo practicó 120 abortos legales desde que se dio el fallo del Tribunal Constitucional en febrero de 2014 que permite abortar en caso de violación y de que corra riesgo la madre.
Así lo ha reportado a Efe la directora en Bolivia de la ONG Servicios Internacionales de Asesoría sobre el Embarazo (IPAS, por sus siglas en inglés), Malena Morales, quien especificó que esas cifras no contemplan las regiones de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.
«Tenemos entendido que en ningún otro hospital que no sea los de intervención de IPAS se hacen abortos», justificó Morales porque los médicos no se quieren responsabilizar de la interrupción del embarazo, ponen trabas y acuden a la objeción de conciencia.
La cifra sale directamente de los registros médicos de los 35 hospitales en los que trabaja la ONG, con la colaboración del Ministerio de Salud, para la implementación de la sentencia del Constitucional de 2014.
Casi todas las interrupciones se practicaron a mujeres que habían sido violadas, pero también hay casos de malformaciones -un supuesto no contemplado en la sentencia pero que fue añadido en el protocolo que regula su implementación- y muy por detrás abortos porque el embarazo pone en riesgo la salud de la madre.
«Si tú tomas en cuenta la gran cantidad de violaciones que hay en el país, de esas por lo menos el 50 % deberían quedar embarazadas», explicó Morales quien opina que la cifra es baja.
Según la experta, las mujeres no denuncian porque no saben de la sentencia, y cuando denuncian desde la Policía o el hospital se les pone «barreras» para que no interrumpan el embarazo.
Desde que una mujer llega con la denuncia de violación al hospital hasta que se «resuelva el caso» solo pueden pasar 24 horas, por lo que si existe objeción de conciencia del médico, el director del hospital debería solucionarlo en menos de un día y atender a esa mujer.
Hasta septiembre de 2015 tan solo se habían practicado 35 abortos legales, por lo que en el último año el aumento de interrupciones ha sido significativo.
El personal médico «se siente más seguro y respaldado», aseguró Morales, quien cree que poco a poco en los hospitales tienen «menos miedo» y entienden «que no van a tener problemas legales» si la paciente viene con una denuncia de violación.
«El aumento se va a dar progresivamente», aseveró esperanzada Morales porque desde muchos centros «hay voluntad de hacerlo».
De hecho, el siguiente paso, una vez implementada la sentencia, es la despenalización total del aborto.
«Se está buscando la despenalización porque la sentencia ha sido un paso y exhorta a la Asamblea Legislativa a eliminar los abortos clandestinos», explicó la directora de IPAS Bolivia, que apuntó a que la única forma para hacerlo «es que se despenalice».
Según un estudio realizado por esta misma ONG en 2011 que toma en cuenta los casos de abortos incompletos que llegan a los hospitales, en Bolivia al día se realizan 185 abortos ilegales, lo que supone un problema de salud pública.
IPAS Bolivia y 14 organizaciones de mujeres indígenas han elaborado el proyecto de Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, que recogería la despenalización hasta las doce semanas y que quieren llevar al terreno político. (23/12/16)
